Buena parte de la segunda mitad del sexenio tiene objetivos claros para ganar las elecciones de 2024. Pasado, presente y futuro de la política nacional será puesta en tela de juicio directa o indirectamente por la actual administración en las próximas semanas.
Independientemente de la necesidad de la reforma eléctrica proceso, discusión, resultados caminan, paralelamente, hacia la obtención de un contundente triunfo electoral en 2024.
Devela la corrupción de los anteriores gobiernos al mostrar cómo se firmaban, en el pasado, contratos leoninos entre la iniciativa privada extranjera con una considerable comisión para los funcionarios públicos del PAN y del PRI.
Muestra, al presente, cómo los legisladores se desgarran las vestiduras en rechazo a la reforma eléctrica, a pesar de que cada día se descubre una nueva manera de hacer negocios entre exfuncionarios públicos y empresas eléctricas privadas. La población conoce el lamentable caso de España en cuanto a la permanente alza en las tarifas domésticas de luz.
En cuanto al futuro, si se aprueba la reforma, gana el gobierno federal y si se rechaza, sus resultados impulsarán de inmediato, un alza de tarifas, evitando cualquier retroceso en la decisión y mostrando que la reforma sólo fue un requisito burocrático para sacrificar a la población. La decisión estará tomada a finales de abril, un mes después de la votación de la revocación de mandato y dos meses antes de las votaciones para renovar seis gubernaturas, donde el PAN anuncia se quedará sólo con una. Lo cual implica que ese partido tendrá 5 gubernaturas en todo el país.
El PRI se quedará en 2023 sin gubernaturas, Estado de México y Coahuila, sus últimos bastiones, les serán arrebatadas. Movimiento Ciudadano tiene dos gubernaturas, Jalisco y Nuevo León, el primero tiene muchas posibilidades de serle arrancada ante el mal desempeño de Enrique Alfaro; el segundo, a prueba.
El Partido Verde tiene una gubernatura, San Luis Potosí, donde puede quedarse por muchos años, como cuota de poder al ser parte de la 4T, para convertirse en su principal bastión que intentó ser Chiapas, pero la mala administración de Manuel Velasco Coello, lo impidió.
Si a esto agregamos que Mario Aburto podría ser considerado inocente, que Lozoya señale a un pez gordo para continuar protegido y si exhiben pruebas de la “caída del sistema” de acuerdo con la versión de la complicidad entre Salinas y el PAN, desarticularía partidos y descarrilaría alianzas.
Morena llegará a las elecciones del 2024 con 24 gubernaturas, por lo menos, lo cual no sucedía hace tiempo. Con una oposición desmembrada, sin líder, con dos partidos a punto de perder su registro y sin cuadros para colocar como candidatos a puestos de elección popular. Para que haya competencia democrática debe haber más de uno, y en igualdad de circunstancias, no las hay.