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Vecinos afectados por gentrificación, buscarán soluciones vía reuniones vecinales y Consulta Ciudadana ante insuficiencia del Bando 1
Ciudades
Claudia Bolaños
Habitantes de colonias Roma Norte, Condesa, Hipódromo y Juárez, que enfrentan un fuerte proceso de gentrificación, anunciaron que impulsarán consultas ciudadanas vinculantes para definir sus propias soluciones, pues consideran insuficiente el Bando 1 promulgado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada, para frenar este fenómeno.
Acusaron que el propio gobierno y el Congreso capitalino han impulsado esta problemática con normatividades permisivas y su indiferencia ante diversas problemáticas, como un centenar de obras irregulares, muchas con viviendas de menos de 30 metros cuadrados, que obviamente son para habitarlas de manera temporal por turistas y/o nómadas digitales.
En una conferencia de prensa realizada en la avenida Álvaro Obregón, los vecinos explicaron que la llegada masiva de residentes extranjeros y turistas ha provocado un aumento acelerado en los costos de renta y ha trastocado la vida cotidiana de las comunidades, esperando que los propios mercados comunitarios encarezcan los precios de los alimentos, como el jitomate que lo ofrecen a $100 el kilo, y que venden muchos productos que gustan a los extranjeros.
Pequeños comerciantes y prestadores de servicios, ahora ocupan puestos informales en la calle ante lo imposible que les ed hace pagar la renta de un local.
Renta subieron un 300%
El caso de Antonio Suárez, vecino de Roma Norte, ejemplifica esta situación: en menos de un año, la renta en su edificio aumentó de 9 mil a 30 mil pesos mensuales, mientras que solo una cuarta parte de los habitantes originales logró mantenerse. En este caso la propietaria del edificio es una inmobiliaria.
Los residentes denunciaron que la 'turistificación' y la expansión de grandes marcas han desplazado negocios locales y comunitarios, afectando la identidad y economía del barrio. Además, señalan la proliferación de obras irregulares en más de 100 predios del polígono, muchas de las cuales han sido denunciadas ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), aunque sin resultados contundentes.
Se criticó también la práctica de respetar solo las fachadas de inmuebles históricos para construir edificaciones modernas que rompen con el valor cultural original.
Sus demandas
Entre las principales demandas vecinales se encuentran la suspensión temporal de permisos para cambios de uso de suelo, demoliciones y nuevas construcciones hasta que se realice un diagnóstico integral y participativo que garantice la vivienda digna, la movilidad, el cuidado del subsuelo, el medio ambiente y el derecho al sol, entre otros aspectos. Asimismo, exigen la creación de mesas de trabajo con autoridades como la Secretaría de Planeación, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y la Secretaría de Gobierno, para trabajar en conjunto con académicos y ciudadanos.
Los vecinos manifestaron preocupación por la saturación de estacionamientos y parquímetros, que encarecen aún más la vida en la zona, y señalaron afectaciones estructurales en inmuebles a consecuencia de obras vecinas. Por ello, solicitan estudios del subsuelo para garantizar la seguridad del patrimonio ante riesgos como los provocados por el sismo de 2017.
Otras peticiones incluyen la derogación de figuras legales como “derechos adquiridos” que han legalizado irregularidades, así como la revisión urgente de más de 100 predios denunciados por construcciones ilegales y la prohibición de viviendas menores a 60 metros cuadrados, consideradas para renta temporal tipo “loft”. También piden frenar la privatización del espacio público, la instalación de nuevas plazas comerciales y la legalización del mobiliario urbano que fomenta la turistificación y la gentrificación.
Criticaron que las mesas de trabajo oficiales resultan insuficientes, pues apenas se les otorgan cinco minutos y no se abordan las problemáticas de forma temática ni profunda. Por ello, los vecinos optan por fortalecer la organización vecinal a través de consultas ciudadanas vinculantes con quórum del 40%, conforme a lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México.
Ante ello, anunciaron que estas exigencias serán presentadas formalmente ante el Congreso local y el gobierno capitalino, para exigir atención real y efectiva a la problemática que afecta la vida, el patrimonio y la identidad de sus comunidades.
Bando 1 del GCDMX ¿Qué es?
El Bando 1 es una medida anunciada por el gobierno de la Ciudad de México con el propósito de regular el fenómeno de la gentrificación, en particular en colonias como Roma, Condesa e Hipódromo, donde el aumento de rentas, la turistificación y el desplazamiento de vecinos originales se han convertido en un problema crítico. Esta disposición busca preservar la vivienda accesible, proteger el patrimonio urbano y ordenar el crecimiento inmobiliario.
Entre las principales acciones del Bando 1 se encuentra la suspensión de trámites para cambios de uso de suelo y licencias de construcción en ciertas zonas catalogadas como de alta presión inmobiliaria. También se contempla una revisión exhaustiva de las obras en curso y un llamado a las autoridades a vigilar el cumplimiento de normas de desarrollo urbano y protección al patrimonio arquitectónico. El objetivo es frenar temporalmente nuevas construcciones mientras se realiza un diagnóstico de impacto territorial.
Sin embargo, los vecinos aseguraron que esta medida resulta limitada, ya que no aborda de fondo las causas estructurales de la gentrificación, como la legalización de obras irregulares, la falta de regulación en plataformas de hospedaje como Airbnb y el uso extensivo del espacio público por comercios. A su juicio, el Bando 1 es un primer paso, pero insuficiente para frenar el desplazamiento forzado de habitantes y el deterioro de la vida barrial.
Imagen: Especial
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DM/CR
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