La paradoja inmobiliaria es brutal: México necesita millones de viviendas, las familias no encuentran opciones que puedan pagar y, al mismo tiempo, construir vivienda asequible en las ciudades se vuelve cada vez más caro, lento y complicado. Así, pedirle al desarrollador que venda barato sin cambiar las reglas del juego es, por decir lo menos, una receta para que no se construya.
Dicho sin rodeos: la vivienda no aparece por decreto. Se necesita tierra, permisos, infraestructura, financiamiento, materiales, mano de obra y, finalmente, un comprador que pueda pagarla. Si cualquiera de estos ingredientes falla, la producción se frena. Y hoy varios están fallando al mismo tiempo.
“¿Cómo impulsar la edificación de la vivienda que necesitan los mexicanos?”, expuesto en el 12º Foro Universitario de Vivienda de En Concreto Jorge Gordon, presidente de Canadevi Valle de México, expuso que la vivienda en la Cdmx se ha alejado del bolsillo de buena parte de la población y el desplazamiento crece.
Ana Correa, de Grupo Foret; Ricardo González Lomelí, de CMIC CDMX; Felipe Cuevas, de AMPI CDMX, y Gregorio Lucio Poncelis, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, coincidieron: no hay una sola solución. El primer problema de las políticas de vivienda es querer resolver con una sola herramienta el rompecabezas.
El desarrollador no hace magia
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Si el terreno cuesta una fortuna, los trámites se eternizan, las normas limitan la densidad y además hay que pagar impuestos, infraestructura, financiamiento y construcción, ¿cómo saldrá una vivienda de bajo precio?
No es un asunto de “ganancia excesiva” del desarrollador. Es una ecuación financiera.
Ricardo González fue muy claro: hay que verticalizar la ciudad, liberar suelo y generar incentivos para construir vivienda asequible donde ya existe infraestructura. También habló de reservas territoriales para que el gobierno pueda participar en la producción de vivienda de menor precio.
Mandar vivienda barata a la periferia puede resolver una estadística; no el verdadero problema porque esa vivienda termina cobrándose con transporte, cansancio y horas de vida.
¿Y la ciudad qué pone?
Aquí es donde el gobierno tiene que entrarle.
Los panelistas plantearon actualizar la Norma 26, revisar reglas de desarrollo urbano, reducir los tiempos de permisos y generar mecanismos para que los proyectos puedan producir vivienda asequible sin volverse financieramente inviables.
Hay otro tema que ya no debería seguir escondiéndose debajo de la alfombra: la corrupción y la discrecionalidad en los trámites.
Gregorio Poncelis habló desde la experiencia profesional y fue contundente: No se puede hablar de vivienda de calidad mientras se toleran permisos irregulares, estudios técnicos deficientes o construcciones en lugares donde no deberían levantarse.
Regenerar antes que seguir expandiendo
Ana Correa expuso la urgente necesidad de la regeneración urbana porque para no sólo construir vivienda nueva sino usar inmuebles abandonados, viviendas subutilizadas, edificios que pueden tener nuevos usos y zonas que pueden recuperar población.
¿Por qué no convertir ese inventario en parte de la solución?
Además, el comprador y el arrendatario ya cambiaron. La familia tradicional dejó de ser el único modelo; hay jóvenes que viven solos, parejas, roomies y hogares que requieren espacios distintos: un balcón, espacio para trabajar, servicios cercanos y menos tiempo en el transporte.
Gordon planteó otro asunto incómodo: si queremos que la gente pueda cambiar de vivienda conforme cambia su vida, necesitamos más oferta y más movilidad dentro del mercado, no un sistema que castigue cada movimiento.
La conclusión del panel queda escrita en piedra: no se puede exigir vivienda asequible sin hacer asequible también el proceso de producirla.
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