Vivienda, una deuda pendiente para las mujeres

La vivienda es un derecho humano necesario para la realización de otros derechos, su importancia no sólo gira en torno a un individuo, sino también, en la seguridad y estabilidad en la familia.

En ese orden de ideas, la vivienda es una necesidad básica del ser humano para que todos los individuos puedan vivir con dignidad y realizar las diversas necesidades que integran su desarrollo.

Son diversos los Tratados Nacionales e Internacionales que reconocen el derecho humano a una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, tal es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 al establecer que, el término de una vivienda adecuada es el derecho a una vivienda que no se debe de interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien, como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.

Pese a lo anterior, la desigualdad en la vivienda propia sigue siendo una constante para las mujeres quienes regularmente somos víctimas de los roles de género en el ámbito laboral, para muestra un botón, entre el año 2010 y el 2020, la integración de la mujer a las actividades laborales avanzaba favorablemente en una tasa de 2.7% anual, en contraste la tasa masculina era de 1.5%, hasta que, derivado de los percances ocurridos en el año 2020, de cada tres personas que tuvieron que salir de la fuerza laboral, dos eran mujeres, o en otras palabras, de 1.7 millones de personas que salieron de la fuerza laboral, 1.1 millones eran mujeres, no obstante, de los créditos otorgados el 34% son de mujeres, contra el 66% de hombres.

Asimismo, las mujeres a menudo se van de sus hogares a causa de la violencia familiar o doméstica, las leyes de sucesión discriminatorias, las costumbres o las tradiciones.

Por lo anterior, como legisladora presenté en el Honorable Congreso de la Unión, una iniciativa en la Ley de Vivienda para que los mecanismos y acciones que se implementen sean con perspectiva de género, valorando los diversos factores sociales, culturales y económicos, priorizando a los grupos vulnerables, a fin de brindarle a toda la población el derecho a la vivienda con todos los servicios necesarios para convertirlo en un lugar seguro y formar la base de un patrimonio familiar como centro de convivencia y desarrollo personal.

Es necesario seguir trabajando en políticas públicas que atiendan la realidad de las personas, como lo es, la brecha de la desigualdad de género a fin de hacer tangibles los derechos de los hombres y mujeres para acceder a una vivienda adecuada.

María Rosete

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