Tras el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos qué fincó una acusación formal y solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, surge la interrogante sobre la solidez de este proceso. Para evaluarlo se entrevistó a Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA quién sugirió "toda acción vs el crimen internacional no debe mezclarse con la política".
FLM: ¿Cree que el gobierno de Estados Unidos actuó con razón y argumentos sólidos al plantear la extradición de un gobernador en funciones como el Señor Rocha Moya por conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder? La verdad comparto la opinión de la Can mexicana sostiene que la solicitud recibida ayer no incluye elementos probatorios suficientes. Desde tu experiencia en la DEA, ¿es común que estas acusaciones se lancen sin un sustento sólido previo?
MV: Mira, Federico, el Departamento de Justicia y las fiscalías federales, especialmente la del Distrito Este de Nueva York, no suelen dar pasos en falso. Si han hecho pública una imputación (indictment), es porque ya pasaron por un Gran Jurado. Sin embargo, existe una desconexión protocolaria: una cosa es la acusación formal en EE. UU. y otra es el expediente de extradición que se entrega a la SRE. Es posible que el Departamento de Justicia esté resguardando sus cartas más fuertes para evitar filtraciones, pero para que México proceda, la evidencia debe ser irrefutable bajo el tratado bilateral.
FLM: El gobernador Rocha ha calificado esto como un ataque político contra la "Cuarta Transformación". Considerando que estamos en 2026 y bajo una administración estadounidense que ha endurecido su discurso, ¿crees que este caso tiene un trasfondo electoral o estamos ante una investigación criminal de largo aliento?
MV: Las investigaciones de este tipo suelen tomar años de recolección de inteligencia, testimonios de testigos protegidos y monitoreo de comunicaciones. No se arman de la noche a la mañana para influir en una elección. Ahora bien, el momento político siempre es factor, pero la evidencia criminal en una corte federal de Estados Unidos tiene que sostenerse por sí misma. Si hay registros de pagos de 200 mil a 300 mil pesos mensuales, como se menciona en algunas listas incautadas, eso es algo que los fiscales tendrán que probar con documentos, no solo con palabras.
FLM: Existe un obstáculo jurídico inmediato en México: el fuero. La Fiscalía General de la República ha mencionado que, al tratarse de un gobernador, se requiere un juicio de procedencia. ¿Cómo percibe la agencia estadounidense estos mecanismos de inmunidad procesal en México?
MV: Para las agencias de EE. UU., el fuero es visto frecuentemente como un escudo de impunidad. Hay frustración cuando una acusación federal se topa con la burocracia política de un juicio de procedencia en el Congreso local o federal. Si la FGR no decide empujar este proceso con determinación, la solicitud de extradición podría quedar congelada por meses o incluso años, lo cual tensaría aún más la cooperación en seguridad.
FLM: En esta acusación también aparecen otros nombres, como el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán. ¿Estamos ante un intento de desarticular no solo a un cartel, sino a toda una estructura de protección política en Sinaloa?
MV: Exactamente. El enfoque ya no es solo ir tras el "capo" de la droga. La estrategia actual apunta a la red de apoyo. Sin protección política y acceso a la fuerza policial, como se alega que el gobernador y sus colaboradores permitieron a "Los Chapitos", los carteles no podrían operar con tal libertad. Washington está enviando un mensaje: el cargo público ya no garantiza inmunidad frente a la justicia estadounidense.
FLM: Finalmente, Mike, la presidenta Sheinbaum ha mostrado su respaldo al gobernador frente a estas acusaciones de la administración de Donald Trump. ¿Ves espacio para una negociación diplomática o el destino de Rocha Moya está ya marcado por los tribunales?
MV: En temas de narcotráfico, el sistema judicial de EE. UU. es muy autónomo. Una vez que el proceso de extradición se activa, es muy difícil detenerlo por vías diplomáticas sin que haya un costo político altísimo. Todo dependerá de qué tan contundentes sean las pruebas que EE. UU. presente a la FGR en las próximas semanas. Si las pruebas existen y México se niega, la relación bilateral entrará en una zona de turbulencia muy peligrosa.