Mientras a Estados Unidos le preocupan el tráfico de drogas, la migración irregular y la seguridad fronteriza, México concentra buena parte de sus preocupaciones en el TMEC, el tráfico de armas y las deportaciones. Sin embargo, en los últimos años las prioridades que más han avanzado son, fundamentalmente, las definidas en Washington.
México ha carecido de una estrategia integral y consistente para recuperar capacidad de interlocución frente a Estados Unidos. Durante el sexenio anterior, la relación bilateral dependió excesivamente de decisiones tomadas desde Palacio Nacional y de actores distintos a nuestra representación diplomática. La experiencia acumulada por el Servicio Exterior Mexicano y por antiguos embajadores tampoco ha sido aprovechada suficientemente.
El contraste actual resulta significativo. Washington designó en México a un representante con amplia experiencia en seguridad y conocimiento de la región. México, en cambio, apostó nuevamente por un perfil financiero para la embajada más compleja y relevante del país.
No se trata de defender una diplomacia reservada exclusivamente a diplomáticos de carrera, sino de entender que la relación con Estados Unidos requiere experiencia, especialización, contactos y continuidad. Las formas importan, pero los resultados importan más. Por ello, también es preocupante que varios de nuestros cónsules allá sean vistos por el gobierno de Estados Unidos como posibles activistas que puedan desestabilizar la relación bilateral. Si se comprueba que varias de las movilizaciones contra la policía migratoria han sido germinadas por personal que labora en nuestros consulados, la relación bilateral puede agrietarse de manera acelerada.
Esta discusión también alcanza nuestra relación con los millones de mexicanos y mexicoamericanos que viven al norte de la frontera. Exigir la renuncia a otra nacionalidad para acceder a determinados espacios públicos puede responder a preocupaciones legítimas sobre lealtades institucionales, pero también obliga a preguntarnos qué vínculo queremos mantener con una comunidad binacional cuya importancia económica, política y social seguirá creciendo.
En materia de seguridad, México enfrenta la decisión más delicada. Cooperar con Estados Unidos no significa subordinar nuestra soberanía. Una cooperación con objetivos definidos, responsabilidades recíprocas y límites claros puede, precisamente, fortalecerla. Estar deliberadamente excluidos del programa “Escudo de las Américas”, que EE.UU. ha construido con una decena de países americanos, no es un buen termómetro.
Lo que resulta insostenible es pretender mantener acceso privilegiado al mercado más grande del mundo mientras organizaciones criminales extorsionan productores, controlan territorios, interfieren en cadenas de suministro y desafían abiertamente al Estado.
Estados Unidos ha endurecido radicalmente su concepción del problema y ha colocado a los cárteles mexicanos dentro de su agenda de seguridad nacional. México no puede limitarse a reaccionar ante esa política, necesita plantear la propia.
La nueva etapa de la relación bilateral tiene inevitablemente a la seguridad como su eje central. La pregunta no es si habrá presión para desmantelar a las organizaciones criminales, sino quién definirá la estrategia, sus límites y sus prioridades. Si México no construye esa agenda, alguien más lo hará por nosotros.