¿Verdad bajo amenaza?

Columnas miércoles 21 de enero de 2026 -

La libertad de prensa en México llega a este 2026 en una encrucijada histórica, la violencia contra periodistas se consolida como un síntoma estructural de la debilidad institucional y del desgaste del Estado de derecho, de manera particular en entidades federativas, municipios y alcaldías.

Las cifras confirman la gravedad de este contexto. Desde el año 2000, al menos 176 periodistas han sido asesinados por causas vinculadas a su labor informativa y otros 31 permanecen desaparecidos, de acuerdo con Artículo 19. Tan sólo en 2022 se registraron ocho homicidios, cifra que colocó a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos de guerra.

El problema no se limita a la agresión física, se afianza una estrategia más sofisticada y menos visible; el uso del sistema judicial como mecanismo de presión, castigo y censura indirecta. Al iniciar este 2026, Artículo 19 documentó la detención del director del diario Vanguardia, resultado de un entramado judicial vinculado con la cobertura periodística sobre la detención del ex gobernador Humberto Moreira en España, ocurrida en 2016.

La organización internacional exhibe la intervención de actores políticos y judiciales de distintas fuerzas, entre ellas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), tanto en Coahuila como en Nuevo León, respectivamente; y remata al confirmar que la “presunta” censura no responde a una sola ideología, ni a un partido político específico.

De las 105 investigaciones por asesinatos de periodistas iniciadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión desde 2010, sólo seis han concluido con sentencias condenatorias. En este contexto, la organización “México Evalúa” advierte que 95 por ciento de los delitos en el país no se esclarecen, lo que erosiona cualquier expectativa de justicia.

El mecanismo federal de protección tampoco logra contener la crisis. En este 2026, más de mil 500 personas se encuentran bajo su resguardo, con presupuestos limitados, personal rebasado y deficiencias de coordinación con estados y municipios. Nueve periodistas han sido asesinados, aun cuando contaban con medidas oficiales de “protección”, lo que revela fallas graves en la evaluación de riesgos y en la reacción institucional.

A este panorama se suma un discurso público que normaliza la estigmatización, en especial en ámbitos locales. Basta recordar la amenaza de muerte contra la periodista María Luisa Estrada en su domicilio, en Guadalajara, Jalisco, un episodio que refleja cómo la violencia simbólica precede con frecuencia a la agresión directa.

En este sentido, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) advirtió que cuatro de cada diez ataques contra periodistas o personal de medios de comunicación tienen relación con funcionarios públicos; mientras que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación ante lo que consideró como una “grave filtración” de datos personales de comunicadores en México.

México necesita una política integral de libertad de expresión a partir del trabajo parlamentario en el Congreso de la Unión; fiscalías que investiguen con autonomía, jueces que sancionen sin presiones, gobiernos que respeten la crítica y una narrativa pública que reconozca al periodismo como un pilar democrático, no como un adversario político.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017