Acarreados

El acarreo siempre ha sido una práctica política y propongo que partamos de ahí, para generar al menos un modesto análisis y no una clase de catecismo. No siempre tiene que ver con el miedo de un gobierno específico de no tener simpatizantes reales (aunque a veces sí), y en parte es un mensaje a los opositores de que, por la buena o por la mala, el gobierno puede movilizar multitudes (aunque a veces no). Es útil el concepto y el marco referencial de Joel Migdal, que estudia al Estado como un agente que está dentro y no fuera de la sociedad. Así podemos concebirlo como un conjunto de prácticas reales que, empero, deben ser respaldadas por una imagen de fuerza y coherencia.

Entonces: el acarreo es una práctica que se nutre de redes de poder locales, estructuras administrativas y vínculos clientelares que operan en un terreno donde las fronteras entre lo público y lo privado se desdibujan, y esa es la idea, que un movimiento político no solo ofrezca beneficios tangibles a sus votantes y paniaguados, sino una identidad, como la ofrece un equipo de fútbol. El Estado de verdad no impone reglas incuestionables desde una cima (no puede), sino que negocia y realiza un conjunto de prácticas, acuerdos y vulnerabilidades que emergen en la interacción cotidiana entre actores públicos y actores sociales. En este marco, el acarreo no es un fenómeno aislado: es el resultado de capacidades estatales incompletas o fragmentadas, de economías políticas locales y de lógicas de legitimidad que circulan entre líderes comunitarios, funcionarios y electores. El Estado, así, no “lee” la sociedad desde fuera, sino que necesita de ella para sostenerse: su fuerza se traduce en coherencia de prácticas, en la capacidad de movilizar recursos y en la construcción de una narrativa compartida que, a su vez, pacta con actores diversos para garantizar cierta continuidad. Pero eso no significa que sea un Estado fallido, porque entonces todos en la historia lo han sido, en alguna medida. Significa que así es este show del Estado nacional, y ya.

Ahora bien, la propaganda es una maquinaria simbólica que legitima ciertas decisiones o personajes, y deslegitima otros, y se engrana con esa misma lógica de montajes populares. Es, ya sin moños, un conjunto de estrategias que busca solidificar una imagen de autoridad capaz de sostener el consentimiento y, cuando es necesario, disuadir la resistencia al asumir el opositor que la batalla está perdida y por lo tanto ni molestarse en votar (ya no digamos en marchar). Simbólicamente, funciona como un puente entre el aparato estatal y la sociedad, un medio para afirmar que el Estado está al servicio de la comunidad, aun cuando las prácticas reales descubran tensiones, Noroñas, exclusiones o abusos. La coherencia de la narrativa es crucial: no basta decir que tienen la mayoría, a veces hay que enseñarla.

El acarreo político, en este sentido, se entiende mejor cuando se observa su articulación con la estructura de poder local y la lógica de legitimidad. Se apoya en la existencia de redes organizadas que conectan recursos materiales—como transporte, comida, dinero para compensaciones—con la promesa de acceso a servicios o beneficios. Pero para que estas prácticas funcionen, deben ser percibidas como parte de una forma de orden: una narrativa que plantea que el futuro de la comunidad depende de la continuidad de ciertas relaciones de beneficio y de la confianza en las instituciones. Aquí la imagen de fuerza no es solo coerción, sino capacidad de convocatoria, de logística y de respuesta. La coherencia, por su parte, se manifiesta cuando esa capacidad se traduce en resultados visibles y sostenibles: obras, servicios, seguridad, estabilidad institucional.

En última instancia, el análisis del acarreo político y la propaganda bajo este marco revela que la fuerza del Estado no reside únicamente en la coacción, sino en la capacidad de articular una red de prácticas que genera una sensación de orden y continuidad. La imagen de fuerza y coherencia es, así, la esencia de la legitimidad que permite que estas prácticas prosperen, se repitan y, con el tiempo, formen parte de la memoria institucional de la comunidad. Si esa imagen se resquebraja, emergen fisuras que permiten a actores sociales cuestionar la legitimidad del Estado dentro y fuera de la sociedad. Por eso la legitimidad de un gobierno no se acaba cuando se le cae la imagen de honestidad, sino cuando se le acaba el dinero. Pero como ha dicho David Sosa, esa es harina de otro costal.