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Acusan sanciones anticonstitucionales e ilegales a entrenadores en el Hipódromo de las Américas
Nación
Claudia Bolaños
Contrario a lo que indica la Constitución Política de que toda persona tiene derecho al trabajo, y a lo que señala la Ley Federal del Trabajo, que no se podrá sancionar dos veces por la misma falta a un empleado, en el Hipódromo de las Américas se han realizado suspensiones a 25 entrenadores, por hasta de 27 años y otros de por vida, además de multas de varios miles de pesos.
Esto se da cuando un caballo, bajo la responsabilidad del entrenador, da positivo a alguna sustancia prohibida, incluso a cocaína, siendo la empresa Codere juez y parte en la misma, y sin que intervenga otra autoridad para dar certeza de los resultados de los estudios, y para investigar los casos que involucran drogas prohibidas.
A diferencia de lo que sucede con esta empresa que cuenta con una concesión extendida antes de que se le venciera y de manera opaca, en Estados Unidos los casos que refieren cocaína u otro tipo de droga, que se detecta vía orina y sangre del animal, el caso es llevado a tribunales, y se realiza toda una investigación a los equipos; entrenador, jinete, caballerango, paseador, veterinario, y otros.
“Eso es para determinar de donde salió la droga administrada”, mencionó un entrenador sancionado con 5 años de suspensión, y 70 mil pesos de multa.
En México la Fiscalía General de la República se mantiene al margen.
Los acusados señalaron en entrevista que no cuentan con posibilidad de defensa alguna, y se viola el “non bis in ídem”, que indica que el trabajador no podrá ser sancionado dos veces por la misma falta, pues se atentaría contra su persona, pero aún así se les impide trabajar por años, hasta 27 según un caso registrado, e incluso de por vida.
Y no obstante cumplir, no tienen seguridad laboral alguna; como resultó con un hombre que al cumplir con sus sanción temporal, pagó los cien mil pesos de multa, pero los tres meses volvió a ser suspendido.
Además de que no les informan sobre el uso que dan a esas sanciones económicas.
Al no ser empleados directos del Hipódromo sino prestadores de servicios, tampoco se les permite, violando el articulo 23 de la Constitución, fracción 26, que puedan coaligarse en defensa de sus intereses formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.
En estos casos, resalta que los afectados fueron en su momento líderes de entrenadores, y suplidos, en muchos casos, por personas sin el oficio, pues varios de estos entrevistados, desde su infancia, fueron integrantes de la Escuela de Jinetes que había en el Hipódromo., y por lo mismo con hasta 35 años de labor entre caballos, subiendo desde el rango mas bajo al más alto.
En el hipódromo de las Américas se realiza el doping posterior a la carrera, y a los tres o cinco primeros lugares, si es una carrera ordinaria o una clásica; el test es de sangre y orina que hace un laboratorio que elige la empresa, pruebas que son selladas y llevan la firma de los responsables del caballo, que generalmente es el entrenador, y a la semana o semana y media, ahora hasta más de un mes, se conoce el resultado, para hacer el pago correspondiente a los ganadores; pero si sale positivo a sustancias prohibidas, como anabólicos, deberán pagar esos responsables una contramuestra que se realiza en Estados Unidos, en dos posibles laboratorios, uno de los cuales es más barato, y por lo mismo, el más elegido.
El resultado sólo es entregado a la empresa, quien no lo muestra, sino solo lo da a conocer de manera verbal y sanciona, sin que autoridad alguna, en este caso la Secretaria del Trabajo o la Dirección de premios y sorteos de la Secretaría de Gobernación intervenga, y sin posibilidad de defensa para los entrenadores que es contra quienes recae todo el castigo.
Y aunque las mismas reglas internas señalan que no se pagara antes de esto los premios a los ganadores, lo han hecho y luego se exige el regreso del dinero.
Es por ello que realizaron un llamado a los secretarios Adán Augusto López y a Luisa María Alcalde, de Gobernación, y del Trabajo, respectivamente, para analizar estos 25 casos.
Es por ello que realizaron un llamado a los secretarios Adán Augusto López y a Luisa María Alcalde, de Gobernación, y del Trabajo, respectivamente, para analizar estos 25 casos.
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DI/CR
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