Alcaldes bajo fuego, violencia que desafía al Estado

Columnas miércoles 17 de junio de 2026 -

La violencia política en México avanza en total impunidad, el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde panista de San Miguel Amatitlán, atacado a balazos dentro de su domicilio, confirma, una vez más la debilidad del Estado de Derecho en el país y la vulnerabilidad de nuestra democracia.

Joel Ángel Bravo Martínez, había solicitado protección, pero nunca llegó. En mayo fueasaltado y golpeado en comitiva. Nadie hizo nada. No se activó la protección del Estado.La violencia contra autoridades municipales en Oaxaca registra tres presidentes municipales, en funciones, asesinados entre mayo de 2025 y junio de 2026: Joel Ángel Bravo Martínez, Lilia Gema García Soto y Mario Hernández García.

De acuerdo a conteos en diversos medios, en apenas 21 meses, once alcaldes han sido asesinados en distintas regiones del país, una cifra alarmante que refleja no sólo el avance de la criminalidad organizada, sino también la vulnerabilidad de quienes ejercen la autoridad más cercana a los ciudadanos.

Detrás de cada uno de estos crímenes hay una historia de poder, disputas territoriales, intereses económicos ilegales y, sobre todo, una preocupante incapacidad institucional para garantizar la seguridad de los representantes populares. El fenómeno no es nuevo, pero su persistencia confirma la tragedia de los alcaldes en México.

Los municipios constituyen la primera línea de gobierno. Son las autoridades encargadas de atender los problemas cotidianos de la población, desde los servicios públicos hasta la seguridad local. Sin embargo, en amplias zonas del país, los alcaldes han quedado atrapados entre las exigencias ciudadanas y las presiones de grupos criminales que buscan controlar territorios, presupuestos, contratos y decisiones políticas.

La expansión de las organizaciones delictivas ha transformado a muchos municipios en espacios de disputa permanente. En algunos casos, los presidentes municipales son amenazados para permitir operaciones ilícitas; en otros, se convierten en obstáculos para intereses criminales y terminan pagando con su vida el intento de ejercer su autoridad. El resultado es devastador: gobiernos locales debilitados, comunidades atemorizadas y una creciente desconfianza hacia las instituciones.

Cada asesinato de un alcalde representa mucho más que la pérdida de una persona. Es un atentado contra la representación democrática y contra la capacidad del Estado para ejercer control sobre su territorio. Cuando un presidente municipal es ejecutado, el mensaje que reciben los ciudadanos es que la violencia puede imponerse incluso sobre quienes fueron electos mediante el voto popular o impuestos por los grupos criminales.

Así las cosas, la pregunta de fondo es cuánto tiempo más podrá sostenerse la democracia en aquellas regiones donde gobernar implica arriesgar la vida. México enfrenta una realidad incómoda. Mientras los alcaldes sigan siendo blanco de la violencia y la impunidad prevalezca, la autoridad del Estado continuará a prueba entre urnas y balas.

@guillegomora