A raíz de la discusión previa a la reforma electoral, se habla mucho, sobre lo costoso que es el Sistema Electoral, ello, al hacer un comparativo entre lo que se desembolsa en Estados Unidos, Colombia, España y México. Es de hecho uno de los argumentos torales del Gobierno Federal para impulsar dicha reforma, al considerar que el gasto que ejercido es superfluo e innecesario.
Era de esperarse que el Gobierno Federal embistiera con el argumento de los altos sueldos, lo anterior, si consideramos que una de las primeras acciones del Presidente de la República fue la incorporación de medidas de austeridad, entre las que destacó la reducción salarial de los servidores públicos del gobierno federal y que se replicaron en distintas entidades federativas.
Así, partiendo de la base de un país donde el ingreso promedio mensual oscila entre los $3,670 y los $7,380 pesos mensuales, donde menos del 25% de la población recibe un sueldo mayor a $11,000 y hasta de $18,000 pesos mensuales, hablar de servidores públicos con sueldos que pueden alcanzar más de $100,000 mensuales, resultaría argumento suficiente para reformar la estructura del Instituto Nacional Electoral.
Por otro lado, durante estos días hemos escuchado a quienes integran dicho órgano electoral, señalar y justificar los sueldos y honorarios, partiendo del hecho que los mismos son directamente proporcionales a las actividades y nivel de responsabilidad que sus cargos conllevan, sobre todo por el nivel de especialización.
Es decir, el costo de la democracia no se puede medir en el salario que reciben los funcionarios en materia electoral, se debe de tomar en cuenta, que el sistema electoral mexicano para funcionar requiere de miles de personas que constantemente se deben de capacitar en materia de protección de derechos humanos, estudios sociales, estadística y demás. Pero sumado a ello, el sistema electoral requiere de herramientas tecnológicas que garanticen la imparcialidad y certeza en cada uno de los procesos electorales que el estado mexicano conlleva.
Así la discusión para muchos va en si es necesario contar con los Institutos Electorales Locales o si su eliminación permitirá bajar el costo y disminuir el presupuesto, sin embargo, dichas funciones serían asumidas por las juntas locales y distritales del INE.
Por lo que, sería necesario analizar los casos en
donde el Instituto Nacional Electoral se ha hecho cargo de las elecciones locales, dado que en la mayoría de los casos ha necesitado de la estructura local para lograrlo, por lo que al menos se requeriría incorporar a la mitad del personal integrante de los órganos locales.
A manera de conclusión, la reforma electoral no se puede basar en bajar los sueldos y reducir las plazas, cuando necesitamos terminar de construir un sistema que proteja y garantice la participación de todas las personas en el país.