El árbitro de la verdad (II).

Columnas lunes 17 de agosto de 2026 -

Le prometí contarle cómo termina esta película, y la mala noticia es que ya la vimos, más de una vez, porque el modelo que hoy se propone en México, conceptos vagos, un vigilante estatal y multas colgando, tiene un guion conocido dentro y fuera de la región, y conviene repasarlo antes de que aquí lo estrenen con bombo.

Empiece por Ecuador. En 2013 una ley exigió que la información fuera, palabra por palabra, veraz, contrastada, precisa y contextualizada, la misma que hoy reaparece entre nosotros, y montó una superintendencia con poder de multar que durante casi seis años sirvió para apretarle la tuerca a los medios incómodos, e inventó un delito a la medida, el linchamiento mediático, para perseguir la crítica insistente, hasta que el propio país, en 2019, la desmanteló al reconocer que había nacido para controlar y no para proteger.

Siga con Venezuela, donde una ley y un regulador sin independencia bastaron para ir estrangulando, sin un solo decreto de censura, a las televisoras críticas, al grado de que la Corte Interamericana condenó al Estado por servirse del poder sobre las concesiones para castigar una línea editorial, pues una de esas televisoras, la más vista del país, salió del aire cuando el gobierno se negó a renovarle la concesión.

Cruce el Atlántico y observe Hungría, donde Orbán no cerró periódicos a la fuerza, sino que armó un consejo de medios de apariencia neutral, con reglas vagas de equilibrio, y con esa herramienta, sin estridencias, fue domesticando al periodismo, tanto que Europa entera terminó por reaccionar y blindar por ley la independencia de sus reguladores, porque comprendió, tarde, dónde estaba de verdad el peligro, no en lo que se publica sino en quién vigila lo que se publica.

Extraiga usted la moraleja, porque estos regímenes no suelen fusilar a la prensa, la administran, la encarecen y la vuelven prudente, y lo que separa a una democracia que regula de una autocracia que disimula no es que existan reglas, sino que existan salvaguardas, un árbitro de verdad independiente y una autoridad judicial, y no un funcionario, al final del camino, porque una regla sin una autoridad judicial independiente que la controle no es regulación, es una amenaza con membrete.

Ahí asoma el problema mexicano, que estamos importando las herramientas de intervención y tirando a la basura las salvaguardas, porque justo cuando se ensancha el poder para vigilar contenidos se disolvió al árbitro autónomo y se entregó la función a una comisión que orbita al Ejecutivo, es decir, se copió lo peligroso y se descartó lo que lo hacía tolerable.

No le pido que suponga mala fe en cada decisión, esa sería una crítica floja, le pido que mire el diseño, porque cuando la vaguedad de un concepto se junta con la discrecionalidad de una autoridad y con el miedo a una multa, el daño ya no depende de que alguien abuse, está hecho de antemano, en la nota que no se publicó y en la pregunta que nadie se atrevió a hacer.

Termino donde empecé, esto se le ofrece en nombre de un derecho, cuando en realidad le retira la única riqueza que ese derecho protege, la de escuchar muchas voces y no una versión autorizada, y todavía hay tiempo de decirlo, porque la consulta pública sigue abierta hasta el 21 de agosto, y guardar silencio, esta vez, sí sería una forma de complicidad.

Obiter dicta. Ninguna dictadura blanda se anuncia como tal, se presenta, siempre, como una forma de protegerlo a usted.