El ejercicio de la revocación de mandato, por sí mismo, es una acción indispensable para que nuestro país logre garantizar los derechos humanos de todas las personas, por lo menos, así lo considera la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Una vez instaurada la presente administración, los legisladores federales promovieron que este ejercicio sucediera, tal y como lo impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador en su Proyecto de Nación, y que fue redactado mucho antes de llegar a Palacio Nacional.
La ONU recomienda a sus 193 países miembros garantizar el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, que incluye el derecho a votar y ser elegido, forma parte del núcleo mismo de los gobiernos democráticos que se fundamentan en la voluntad popular.
Además, aconseja llevar a cabo elecciones auténticas, que considera “componentes necesarios y fundamentales de un contexto que proteja y promueva los derechos humanos”, por ello, incluso, nace en algún sentido la Organización de Estados Americanos (OEA), para esta región del mundo.
“El derecho a votar y a ser elegido en elecciones genuinas y periódicas está inextricablemente unido a otros derechos humanos, cuyo disfrute es decisivo para todo proceso electoral auténtico. Entre esos derechos figuran, el derecho a vivir libre de discriminación; de expresión y opinión; de asociación y reunión pacífica; y a la libertad de movimiento.
Sin duda alguna, hay que aplaudir a la mayor parte de los legisladores de las siete fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión su decisión firme de haber impulsado esta figura de reconocimiento popular ante su gobernante federal.
Este fin de semana se logró estimular sólo a un pequeño grupo de la sociedad, a aquella que tiene el derecho —y la obligación de hacerlo— sin duda alguna, nuestro entorno está muy polarizado; con una corriente de oposición que prácticamente no se observa y con un efecto superior que se llama lopezobradorismo.
Si bien la ONU recomienda garantizar que las elecciones cumplan con la normativa internacional de derechos humanos, que se celebren en un contexto en el que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales, lo cierto es que la apatía por la mayor parte de ella se manifestó.
Del total de mexicanos con registro para emitir su voto, de casi 93 millones de personas (100 por ciento), sólo participaron poco más de 16.5 millones (18 por ciento); de este universo, 15 millones votaron por el sí, para que el presidente López Obrador continúe con el mandato; y, un poco más de 1 millón de personas, lo hicieron con un no.
Los resultados dan cuenta que la población no participó en el mínimo requerido para que los resultados tuvieran una categoría de “vinculante”, ya que el Instituto Nacional Electoral fijó a 40 por ciento (unas 38 millones de personas) para que lo fuera.
El resultado del ejercicio se antoja como una derrota para la democracia, sin embargo, lo cierto es que es la primera vez que se realiza y que por sí mismo deja un precedente para el México próximo, pero sobre todo para garantiza, a favor, de las personas que tienen en materia de garantías individuales.
“A río revuelto, ganancia de pescadores” dice el refrán popular; considero pertinente que, este ejercicio de revocación de mandato llega para quedarse; llega para calificar a gobiernos de posibles escenas como la desaparición de los “43 de Ayotzinapa”; caso Atenco; Acteal; entre otros muchos, muchos, más.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
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