El perdón no puede sustituir a la justicia

Columnas miércoles 15 de julio de 2026 -

Hay decisiones que sólo una mujer puede comprender plenamente.

Perdonar a quien ejerció violencia en su contra es una de ellas.

No porque la violencia sea justificable, sino porque detrás de esa decisión suelen existir circunstancias que quienes observan desde fuera difícilmente alcanzan a dimensionar: el bienestar de los hijos, el deseo de preservar cierta estabilidad familiar, el agotamiento emocional que implica un proceso judicial o, simplemente, la necesidad de recuperar la paz después de meses o años de conflicto.

Eso explica la decisión de la ingeniera nuclear María Felicia Jiménez, quien dio a conocer a través de un video cómo era violentada, y quien decidió otorgar el perdón a su violentador, al doctor Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex. De acuerdo con lo informado, lo hizo con el objetivo de priorizar la estabilidad y el bienestar de su núcleo familiar y evitar un mayor desgaste emocional para ella y para sus hijos menores de edad.

A nadie corresponde juzgar esa determinación. Lo verdaderamente relevante es que el sistema jurídico mexicano tampoco la convierte en el punto final de la historia.

El proceso penal por los delitos de violencia familiar y violencia vicaria continúa, porque la legislación vigente establece que ambos delitos se persiguen de oficio.

En otras palabras, el Estado asume que la violencia ejercida dentro del hogar no sólo afecta a una víctima en particular; constituye un problema de interés público que exige la actuación de las instituciones, independientemente de que exista o no un perdón.

Y ahí reside una de las transformaciones más importantes de la legislación actual. Durante décadas, la violencia familiar fue considerada un asunto privado. Se resolvía entre cuatro paredes y bajo la idea de que nadie debía intervenir en los problemas de pareja. Esa visión permitió que miles de mujeres permanecieran atrapadas en círculos de violencia silenciosa.

Hoy el principio es distinto: la violencia familiar no pertenece exclusivamente al ámbito doméstico. Es una violación a los derechos humanos y una responsabilidad del Estado. Por eso el perdón tiene un valor profundamente humano, pero no necesariamente un efecto jurídico que extinga la obligación estatal de investigar y, en su caso, sancionar.

No porque se desconozca la voluntad de la víctima, sino porque la ley busca proteger un bien mayor: impedir que la violencia se normalice como una conducta susceptible de resolverse únicamente mediante acuerdos privados.

La decisión de María Felicia Jiménez también obliga a mirar otra realidad que pocas veces se discute. Las mujeres no sólo enfrentan la violencia; enfrentan el enorme desgaste que implica denunciarla, como lo son vivir procesos largos, exposición pública, presión familiar, afectaciones económicas, incertidumbre para los hijos y un impacto emocional que pocas veces aparece en los expedientes judiciales.

En ese contexto, el perdón puede representar una forma de proteger la salud emocional de una familia sin que ello implique desconocer los hechos denunciados.

Y la pregunta que deberíamos hacernos es si las instituciones están haciendo lo suficiente para que ninguna mujer tenga que elegir entre su tranquilidad emocional y el largo camino hacia la justicia.

Porque cuando una víctima considera que continuar la confrontación puede significar un mayor daño para sus hijos, el Estado tiene la obligación de demostrar que la protección institucional puede hacerse cargo de aquello que ella ya no está en condiciones de sostener sola.

Ese es precisamente el sentido de que delitos como la violencia familiar y la violencia vicaria sean perseguibles de oficio. La ley reconoce que el interés superior de la niñez, la integridad de las mujeres y la prevención de nuevas violencias trascienden la voluntad individual.

El perdón de una mujer puede intentar cerrar capítulos que duelen, pero nuestro sistema de justicia, los debe mantener abiertos hasta que demuestre que es capaz de proteger no a una sola mujer, sino a una sociedad entera.

Por ello, la decisión de ella, nunca debe sustituir la acción del Estado.

Dra. Rosalía Zeferino Salgado

Asesora en Comunicación Estratégica e Imagen Pública

Integrante de la Red de Mujeres por la Educación (MUxED)