¿A quién debe corresponder la inteligencia artificial?

Columnas martes 14 de julio de 2026 -

La Real Academia Española define la inteligencia artificial como una disciplina científica orientada a crear programas capaces de realizar operaciones comparables con las de la mente humana, como el aprendizaje y el razonamiento lógico. Cuando una tecnología puede reproducir capacidades asociadas con el conocimiento, la pregunta central ya no es solo qué puede hacer. También debemos preguntarnos quién decide sus fines, quién recibe sus beneficios, quién responde por sus daños y a quién debe corresponder el poder económico, político y social que esta tecnología está acumulando.

El Senador estadounidense Bernie Sanders ha planteado el problema en términos de propiedad. Su propuesta de otorgar al público una participación en las mayores empresas de inteligencia artificial parte de la premisa que estos sistemas no surgieron en el vacío. Se construyeron con conocimiento producido colectivamente, obras humanas, infraestructura pública y décadas de investigación. Si la sociedad proporcionó una parte sustancial de los insumos, sostiene Sanders, también debería participar en el valor generado. La propuesta es radical y plantea dudas legítimas sobre innovación, competencia, politización y derechos de propiedad. Pero contiene un aspecto que no debe ignorarse: una transformación de esta magnitud no puede gobernarse exclusivamente desde los consejos de administración de las empresas que controlan los modelos, los datos y la capacidad de cómputo.

OpenAI y Anthropic, desde perspectivas distintas, reconocen una preocupación semejante. Sus documentos recientes exploran fondos públicos de riqueza, reformas tributarias, protección ante el desplazamiento laboral, acceso más amplio a la capacidad tecnológica y mecanismos de intervención cuya intensidad dependería de la velocidad de la disrupción. No son propuestas definitivas, pero revelan un cambio relevante: incluso quienes desarrollan la tecnología admiten que el mercado, por sí solo, no distribuirá necesariamente sus beneficios ni corregirá sus externalidades.

La discusión, sin embargo, no puede detenerse en quién recauda una parte de la riqueza. Después de recaudar vienen las preguntas propiamente institucionales: quién define las prioridades, quién administra los recursos, cómo se evita la captura política o corporativa, qué capacidades existen para ejecutar los proyectos y cómo se comprueba que una intervención mejoró realmente la vida de las personas.

Ese es el punto en el que la gobernanza y el Estado de derecho deben ocupar el centro de la conversación. La historia institucional demuestra que disponer de recursos no equivale a utilizarlos con eficacia, integridad o legitimidad. Para que la inteligencia artificial corresponda verdaderamente a la sociedad, su contribución debe traducirse en obligaciones claras, proporcionales, medibles y exigibles. Considero que, una vía para lograrlo sería establecer un Plan Internacional de Misiones de Inteligencia Artificialpara el Bien Público. Este plan no debería financiar aplicaciones aisladas ni permitir que las propias empresas definan proyectos según sus intereses reputacionales. Su propósitosería seleccionar, con base en diagnósticos públicos y evidencia verificable, un número reducido de problemas en los que la tecnología pueda producir resultados concretos.

La dirección de este plan tendría que ser multilateral, pero no exclusivamente gubernamental. Debería incluir a Estados, organismos internacionales, academia, sociedad civil, trabajadores, desarrolladores y comunidades afectadas. También requeriría reglas estrictas sobre conflictos de interés, auditorías independientes, publicación de resultados y un mecanismo accesible de reclamación y reparación. Las empresas podrían contribuir no solamente con dinero, sino también con aquello que concentra el poder real de esta industria: acceso a modelos, capacidad computacional, ingeniería, ciberseguridad, capacitación y transferencia de conocimiento. Este dividendo tecnológico debería regirse por un principio de correspondencia: quien concentra mayor capacidad, obtiene mayores beneficios o genera mayores riesgos debe asumir una responsabilidad proporcionalmente mayor.

La evaluación sería indispensable. Los créditos de cómputo aportados son insumos; una plataforma desarrollada es un producto; la reducción del tiempo de atención es un resultado; y una mejora sostenida en salud, aprendizaje o acceso a la justicia constituye el impacto. Confundir estas categorías permite presentar actividad tecnológica como si fuera transformación social.

Nada de esto sustituye la regulación, los impuestos, la protección de datos, el derecho laboral, la competencia económica ni las obligaciones ambientales. Tampoco permitiría compensar violaciones de derechos mediante donaciones o proyectos filantrópicos. Se trata de algo distinto: convertir una capacidad tecnológica extraordinaria en responsabilidades institucionales igualmente extraordinarias. La inteligencia artificial debe corresponder a la humanidad no como una declaración moral, sino como una arquitectura de derechos, obligaciones y rendición de cuentas. La pregunta no es únicamente quién posee las empresas o quién participa en sus ganancias. También es quién define los problemas que merecen atención, quién vigila el uso de la tecnología, quién protege a las personas y quién puede exigir resultados.