En los últimos días se ha desatado una feroz ola de descalificaciones hacia la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dra. Yasmín Esquivel Mossa. Se le acusa de haber "plagiado" su tesis de Licenciatura, presentada en el año de 1987 en la entonces ENEP Aragón de la UNAM.
El artículo del periodista Guillermo Sheridan en el portal de noticias Latinus, tiene sin duda un enorme valor periodístico. En caso de acreditarse el hecho, tendría importantes consecuencias. Llama la atención, por otro lado, el momento de oportunidad en el que se publica. Durante las vacaciones de diciembre (lo que resta margen de tiempo y operación para alguna determinación oficial de las autoridades universitarias), unos días antes de que los Ministros de la Corte deliberen, el próximo 2 de enero, sobre la nueva presidencia de ese alto tribunal; proceso en el que la Ministra Esquivel tiene amplias posibilidades de ser electa para ese cargo.
Resulta preocupante la manera en que el "tribunal de la opinión pública" se ha ensañado con la Ministra. Ella ya fue juzgada, sentenciada y condenada, sin oportunidad de defensa alguna.
Sin embargo, para que pudiera formalmente considerarse responsable a la Ministra Esquivel, deben colmarse al menos dos supuestos:
1. Que exista una resolución firme e inatacable, emitida por la autoridad universitaria competente, que determine la existencia de plagio académico entre diversas tesis (al parecer más de ocho) que ahora se sabe fueron dirigidas por la misma asesora de tesis de la Ministra Esquivel, la Maestra Martha Rodriguez Ortiz.
2. Que se pueda determinar la conducta activa de alguno de los sujetos involucrados. Sobre todo, de las tesis presentadas entre 1986 y 1987, es decir, que se pueda saber a ciencia cierta, en su caso, ¿Quién plagió a quién?
La opinión generalizada es que la primera tesis sustentada en 1986 es la original, y la segunda, la de la Ministra, presentada en 1987 es una copia.
En la opinión pública se ha analizado "artesanalmente" la posible identidad de los textos, pero nadie se ha tomado la molestia de analizar los procesos. Quienes hemos elaborado y dirigido tesis en nuestra máxima casa de estudios, sabemos que una tesis no aparece de la noche a la mañana. Se registra un protocolo de investigación, se van elaborando avances, estos están sujetos a revisión, aprobación o corrección por parte del asesor o tutor de la tesis. Y luego, la realización de una serie de trámites largos y engorrosos, que incluye la obtención de los votos aprobatorios de los miembros del sínodo, la asignación de la fecha de examen, y la presentación del documento final aprobado. El hecho es que aún no sabemos el proceso que en su caso habrían seguido ambas investigaciones. Únicamente se conocen las fechas de su conclusión.
Lo que quiero resaltar es que no deberían apresurarse juicios de valor. Me parece que se falta a la justicia cuando se permite que la imagen, reputación, o el honor de una persona, sea afectado gravemente sin tenerse realmente todos los elementos de juicio.
Quizá la investigación en las instancias universitarias sea tardada. No se puede saber aún a qué conclusiones llegará. Lo que si es evidente, es que este señalamiento afecta las posibilidades de la Ministra, de ser electa por sus pares como Presidenta de la SCJN. Pase lo que pase, el daño está hecho.
Flor de Loto. Ahora es la Ministra. Después puede ser cualquiera. Debemos preservar el derecho de toda persona a mantener intacto su prestigio y reputación, mientras no haya determinaciones de instancias oficiales que puedan atribuir formalmente culpas y sanciones. Eso es el estado de derecho.
*Doctor en Derecho por la UNAM. Especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II.