Quienes hemos idealizado el fortalecimiento de la democracia en México y luchado por la realización de procesos electorales cada vez más equitativos, limpios y apegados a la legalidad, hoy no podemos sino expresar nuestro pesar, porque en los últimos días los hechos nos han demostrado lo contrario.
Y aclaro que no se trata del accionar del Instituto Nacional Electoral (INE), un organismo ejemplar que hasta hoy ha sido garante de los resultados de las votaciones en el país y que –pese a las voces discordantes que corean las consignas de Palacio Nacional–, debe ser consolidado, para que realmente sea un dique contra el autoritarismo imperante.
Me refiero a la gran decepción que en los hechos han producido las palabras y los supuestos buenos propósitos de quien –primero como dirigente de Morena, luego como candidato y hoy como presidente de la República–, condenó acremente los fraudes electorales y el uso del presupuesto gubernamental para incidir en la voluntad ciudadana y la compra votos.
“Debemos cuidar que las elecciones sean limpias y libres y que no haya utilización del dinero del presupuesto –que es dinero de todos–, para favorecer a ningún partido o candidato. Que no se repartan dádivas, despensas, frijol con gorgojo; que no se rellenen las urnas y no se vote más de una vez; que no voten los finados como era antes. Que no se falsifiquen las actas; que las autoridades electorales actúen como verdaderos jueces, imparciales. Todo eso lo tenemos que cuidar. Vamos a desterrar los fraudes electorales que son una de las manchas que más han ofendido al pueblo y denigrado a nuestra nación”, fue la prédica de López Obrador el 6 de julio del 2020.
De acuerdo a los resultados preliminares obtenidos en las elecciones realizadas el pasado domingo en Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango, no nos queda duda que aquel discurso que exigía equidad electoral, fue rebasado en los hechos por las ambiciones más ruines, en aras de incrementar la hegemonía de Morena y la 4T, en aquellas zonas susceptibles de ser sometidas a la voluntad presidencial.
De los 6 estados donde se efectuaron elecciones, sólo dos: Durango y Aguascalientes, pudieron resistir la andanada gubernamental y la compra de votos, documentada incluso en Lerdo, donde fueron detenidos operadores de Morena, con varios celulares, miles de pesos en efectivo y una libreta con un listado de nombres. Los operadores, tienen su residencia en la alcaldía de Iztacalco de la Ciudad de México y uno de ellos aparentemente labora en la Cámara de diputados a las órdenes de la legisladora morelense, Juanita Guerra Mena.
Si fuesen hallados culpables por la compra de votos –de acuerdo con la legislación en materia de delitos electorales–, los detenidos podrían hacerse acreedores a una pena de seis meses a tres años de prisión. De antemano considero que, si a aquellos que infringen la ley electoral se les exenta o perdonan sus ilícitos, sus encubridores contribuyen a fomentar una perversa cultura de impunidad.
Empero, el tema de fondo es que esta acción, que sin duda se replicó en las seis entidades, es apenas una muestra del enorme operativo y la dilapidación de recursos de los tres niveles de gobierno, para inclinar la balanza electoral.
Por ejemplo, Oaxaca fue territorio fértil para implementar una maquinaria multimillonaria de programas de gobierno y apoyos a las comunidades, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha realizado casi 30 visitas al estado que aún encabeza el gobernador priista Alejandro Murat, que sucumbió por distintas razones al cántico presidencial.
Sin embargo, hay que reconocer que en las 4 entidades obtenidas por Morena –además del avasallamiento y operativos ilegales multimillonarios que condicionaron el voto–, contaron también la mala estrategia en la selección de los candidatos y los desacuerdos que prevalecieron entre los partidos que conforman la coalición, y sobre todo, la guerra mediática emprendida por el aparato de espionaje, que se encargó de desacreditar a la militancia opositora, dando a conocer grabaciones ilegales de sus dirigentes, como fue el caso de Alejandro Alito Moreno, presidente del CEN del PRI.
¿Ahora qué viene? En cuanto se den a conocer los resultados oficiales, vendrá con ellos la andanada de impugnaciones, precisamente por el cúmulo de toda esta serie de irregularidades como la compra de votos y la intimidación de grupos ligados al narcotráfico y el crimen organizado. También el robo, quema y destrucción de urnas y material electoral, entre otros hechos graves.
Bien lo señaló el escritor siciliano Giuseppe Tomasi, príncipe de Lampedusa, en su novela Gattopardo. Para allegarse el poder o seguir manteniéndolo, hay que cambiar, para que todo siga igual; no importan los compromisos o las acciones, por más despreciables que sean. Y el gatopardismo es una característica que, desafortunadamente, al parecer circunscribe el accionar de Morena y su líder moral.
Estas son las paradojas de la asombrosa transformación cuatroteista; del cambio de piel de aquellos que antes condenaban estas anomalías electorales y hoy las fomentan.
Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora de STUNAM