La corrupción y la dignidad institucional

Columnas miércoles 17 de septiembre de 2025 -

En el discurso pronunciado por el Almirante Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, al inicio del desfile militar, conmemorativo del Día de la Independencia Nacional es inédito y altamente significativo para el país de nuestros días. En efecto, el reconocimiento público, de que en su propia institución se cometieron actos de corrupción constituye un hecho de enorme trascendencia. No se trata únicamente de aceptar una falta, sino de asumir la responsabilidad institucional con vergüenza, pero también con la dignidad de haber enfrentado los hechos de cara al pueblo. En un país donde la corrupción suele encubrirse tras pactos de silencio, este gesto abre un horizonte distinto: muestra que la verdad, aunque dolorosa, es un acto de fortaleza moral.

El almirante ha advertido que preservar la integridad de la Marina -y, por extensión, del Ejército- es un deber superior, incluso si ello implica incomodidades o sacrificios. Su mensaje resuena como un imperativo categórico en sentido kantiano: la moral de la institución no puede supeditarse a la conveniencia política ni al cálculo burocrático. En este punto, es de singular relevancia comprender la importancia de una comunicación pública veraz: solo la transparencia y el reconocimiento de las fallas, acompañada de acciones contundentes, hacen posible la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones armadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene, a partir de este hecho, un desafío enorme, pero también una oportunidad histórica. Su antecesor no logró consolidar una cruzada contra la corrupción que fuera más allá del discurso. Ahora, el país espera de su gobierno una transformación que se exprese en acciones concretas, sostenidas y verificables.

Sin embargo, la diferencia no radicará en la oferta discursiva, sino en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar, sancionar y prevenir el abuso del poder. Para ello, necesita fiscalías profesionales e íntegras, y un Poder Judicial que implemente con rapidez y eficacia su nueva estructura para garantizar justicia real.

Si algo muestra el episodio del llamado “huachicol fiscal” es que la corrupción no es una anomalía externa al sistema, sino un mal que puede incubarse dentro de las propias instituciones encargadas de combatirla. Por ello, la respuesta no puede ser parcial ni coyuntural: requiere un compromiso estructural y permanente, basado en la convicción de que la justicia no se negocia y de que el amor al pueblo, como señaló la propia Presidenta Sheinbaum solo puede corresponderse con la misma entrega de lealtad y transparencia.

En última instancia, el futuro de México como nación democrática y justa depende de este dilema: sin abatir la corrupción y sin garantizar la impartición de justicia, no habrá un nuevo curso de desarrollo posible. La corrupción erosiona la legitimidad del Estado, vacía de contenido los derechos y perpetúa un modelo de poder basado en la impunidad.

En cambio, una cruzada auténtica contra la corrupción podría abrir la puerta a la transformación profunda que se ha prometido durante décadas. La historia, en este momento, exige que el gobierno se coloque a la altura de ese mandato ético y político.

Investigador del PUED-UNAM