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La herida abierta de Ayotzinapa
Columnas
Doce años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso sigue abierto y la justicia permanece en deuda. Los nuevos avances que presentó Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), reactivan una investigación que, pese al tiempo transcurrido, todavía no ofrece respuestas definitivas a las familias.
La información divulgada en la víspera revela nuevas líneas de investigación. El análisis de registros telefónicos, los testimonios y la revisión de instalaciones relacionadas con los hechos abren un camino de certeza jurídica sobre lo que ocurrió aquella noche de septiembre de 2014.
La identificación de 17 personas bajo investigación y el rastreo de comunicaciones entre presuntos integrantes de “Guerreros Unidos”, policías y particulares constituyen elementos relevantes, que fueron descartados en la época de Murillo Karam como procurador de justicia federal. Sin embargo, el verdadero alcance de estos hallazgos dependerá de su valor probatorio y de que permitan establecer responsabilidades penales.
La investigación sobre posibles traslados de estudiantes a funerarias y la revisión de instalaciones del Servicio Médico Forense de Iguala también plantean preguntas que las autoridades deben responder. La hipótesis sobre el uso de un horno crematorio clandestino, por ejemplo, requiere pruebas científicas concluyentes. En un expediente de esta magnitud, ninguna sospecha puede convertirse en verdad oficial, sin un sustento científico y judicial.
El problema de Ayotzinapa no se ha limitado a la actuación de una organización criminal. La posible participación de policías y la presunta colaboración de servidores públicos obligan a examinar las redes de complicidad que pudieron facilitar los ataques y la desaparición de los estudiantes. La investigación debe alcanzar a todos los responsables, sin importar su cargo, filiación política o posición dentro de las instituciones.
La historia del caso también representa un severo cuestionamiento a las autoridades que, durante años, administraron la información, sostuvieron versiones oficiales y prometieron resultados que no llegaron, por lo menos en la administración de Peña Nieto. La llamada “verdad histórica” dejó una profunda crisis de credibilidad.
De esta forma, los nuevos indicios presentados por la Segob pueden contribuir a esclarecer los hechos, pero también reabren una interrogante sobre la capacidad del Estado para investigar sus propias omisiones.
En este escenario, Claudia Sheinbaum enfrenta una responsabilidad política e institucional que trasciende su administración. Su disposición al diálogo con las familias y el trato respetuoso hacia los padres de los normalistas merecen reconocimiento. La mandataria ha asumido públicamente el compromiso de avanzar en el esclarecimiento del caso, con transparencia y acceso a la verdad.
Para la mandataria federal, el desafío consiste en demostrar que su administración puede escuchar a las familias y, al mismo tiempo, garantizar investigaciones independientes, rigurosas y eficaces.
Por eso, los avances anunciados por Arturo Medina deben deben medirse por sus consecuencias judiciales. Cada nuevo dato debe conducir a pruebas, cada prueba a responsabilidades y cada responsabilidad a una resolución. De lo contrario, la investigación corre el riesgo de convertirse en otra sucesión de anuncios que prolonguen la espera de quienes nunca han dejado de buscar a sus hijos.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos
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/CR
