La inteligencia artificial frente a un nuevo orden jurídico internacional

La IA ha pasado de ser una posibilidad técnica a una realidad transversal con impactos crecientes en la vida pública, la economía, la justicia y la seguridad. Basta recordar que, en el contexto internacional, en el 2024 el Consejo de Europa adoptó el primer tratado internacional jurídicamente vinculante sobre IA, centrado en la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Este instrumento, resultado del trabajo conjunto de 46 Estados miembros y 11 países no europeos —entre ellos México, en calidad de observador—, constituye un referente global, abarcando todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, bajo un enfoque basado en riesgos, promoviendo la innovación responsable y al mismo tiempo atendiendo los posibles impactos adversos. Por otro lado, vemos también que la Unión Europea aprobó el Reglamento 2024/1689, con estándares obligatorios para sistemas de IA considerados de “alto riesgo”.

En paralelo, Estados Unidos ha optado por esquemas más flexibles, discutiendo medidas como interruptores de emergencia para sistemas avanzados, tal como se observó en un pasado debate legislativo en California. Ambos enfoques reflejan una preocupación común: garantizar que el desarrollo tecnológico se alinee con valores fundamentales y principios jurídicos.

En América Latina, el informe EL PACCTO 2.0: Inteligencia Artificial y Crimen Organizado (2024) resaltó el papel creciente de la IA en tareas como la supervisión fiscal, la transparencia gubernamental y el fortalecimiento de la seguridad pública. También identificó desafíos como los sesgos algorítmicos, la opacidad de los sistemas automatizados de toma de decisiones y los riesgos cibernéticos, insistiendo en en la necesidad de construir marcos legales que acompañen el uso responsable de estas tecnologías.

En el caso de México, el tema ha cobrado relevancia en la agenda pública y legislativa. Se han presentado iniciativas como la Ley que Regula el Uso de la Inteligencia Artificial, en el Senado, así como propuestas de reformas constitucionales para otorgar al Congreso facultades explícitas en materias de inteligencia artificial, ciberseguridad y neuroderechos. Además, se han impulsado mecanismos institucionales, como la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que busca articular políticas en digitalización, conectividad e innovación tecnológica. Asimismo, desde el punto de vista legal, su presencia comienza ya a esbozarse en normas específicas, como la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que menciona sistemas automatizados. Por otro lado, en el ámbito judicial, se avanza en la construcción de precedentes consolidados en materia de inteligencia artificial. Además, vemos estudios internacionales centrados en la región, por ejemplo, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2024 (ILIA), elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que, posiciona a México en el sexto lugar regional en términos de gobernanza de IA.

La IA, claramente, nos obliga a repensar los marcos jurídicos, a equilibrar la innovación con la protección de libertades y a buscar consensos internacionales que reflejen los valores comunes, porque, este fenómeno escapa a la soberanía estatal. Es así que, tal como ocurrió en el medioevo con el ius mercatorum, hoy la humanidad está construyendo un nuevo orden normativo transfronterizo, ante una transformación tecnológica sin precedentes. México, al sumarse a estos esfuerzos globales, participa de una conversación que apenas comienza, pero que será decisiva para el futuro.