La seguridad, asignatura pendiente

Columnas viernes 16 de septiembre de 2022 -

A cuatro años de gobierno, la gran asignatura pendiente de la 4T es la seguridad, y aunque la narrativa oficial proclama que vamos requetebién y que casi se ha domado la inseguridad -sin más evidencia que el manejo discrecional de las cifras-, la terca realidad y las encuestas del INEGI tienen otros datos. En la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública se registra un dato aterrador: solo el diez por ciento de los ilícitos cometidos en el país se delatan ante el ministerio público y el 93 por ciento de ellos no son investigados. De tal tamaño es la cifra negra del delito en nuestro país.

Más aún, del total de las carpetas de investigación de las fiscalías, el 50 por ciento de las denuncias no se resolvieron o simplemente no hizo nada el agente investigador. Cuando se preguntó a la gente por qué no denunciaba, el 33.5 por ciento contestó que era una pérdida de tiempo y casi el 15 por ciento por desconfianza en la autoridad. A nivel nacional, el 61.2 por ciento de la población consideró que la inseguridad era el problema que más le aquejaba, incluso en mucho mayor grado que el aumento de precios o el desempleo.

En cuanto a la percepción de inseguridad, casi el 76 por ciento de la población adulta externó que en su entidad federativa vive con inseguridad. Hablamos de que las tres cuartas partes de los ciudadanos que habitan el país se sienten indefensos ante los criminales.

Por ello, el gobierno federal no debiera festinar sus magros resultados. Utilizan las estadísticas para presentar una realidad inexistente. Difunden la disminución de algunos ilícitos - incluidos el homicidio doloso y los delitos federales-, con una numeralia amañada. Dicen que en las pasadas tres administraciones se incrementaron los asesinatos y que en este sexenio disminuyeron. Para empezar, contra qué cifra se compara, ¿la de Zedillo?, cómo pueden confrontarse regímenes completos contra cuatro años de gestión. Por donde se vea, este es el gobierno con más muertes violentas en los últimos 22 años.

Se ufanaron en los promocionales con motivo del cuarto informe de gobierno de haber disminuido en más del 30 por ciento los crímenes del fuero federal, solo que se les olvidó decir que esos delitos solo representan el cinco por ciento de la incidencia delictiva y que generalmente son denuncias de empleados federales por extravió de credencial, del ciudadano que perdió el INE o cualquier documento federal y de representantes legales de las dependencias gubernamentales que requieren de una constancia de, por ejemplo, el robo de un vehículo oficial para tramitar el seguro. La inmensa mayoría de las personas -el 95 por ciento-, que han sufrido un quebranto patrimonial, visto en peligro su vida o son víctimas del delincuente común no van a las agencias del ministerio público federal.

La terca realidad tiene otros datos. No es cierto que hayan bajado los injustos penales, como falso es que el supuesto combate a los problemas sociales como la miseria o la desigualdad hayan reducido la comisión de los delitos, toda vez que el uso electorero de los programas asistenciales no ataca la pobreza, solo la administra. Por cierto, también es una falacia suponer que la gente delinque porque es pobre. La delincuencia es un fenómeno consustancial al ser humano que protagonizan personas de todos los estratos sociales. Los ricos también roban y matan, no solo los analfabetos o el lumpen cometen ilícitos, también la clase media -tan estigmatizada por la 4T-, es proclive a la ilegalidad. Delinquir no es un acto de necesidad, es un problema de principios, de valores sociales. Hay que educar a la gente, no dar dádivas del presupuesto a un mayor número de pobres.

Así que, como van las cosas, la inseguridad será al final del sexenio una asignatura pendiente.