Don Juan Carlos I, Rey de España, heredó del dictador fascista Francisco Franco, entre otras cosas, la soberanía del estado, es decir, el supremo poder de hacer la ley e imponerla, muy a la manera de los estados absolutistas del siglo dieciocho, donde también nacerían los principios críticos a dicho poder, y donde autores como J.J. Rousseau en su Contrato Social, justificaría la idea de que la soberanía se encuentra en el pueblo, es decir, la entidad legítima para acatar y crear la legislación que está obligada a acatar. Nada de que el pueblo está por encima de la ley, tiene el deber de ser su más obediente criatura, porque él mismo la creó.
El que estaba por encima de la ley, y a su vez, era su mayor impositor, en el claro lenguaje del totalitarismo encarnado en el franquismo español, era el Generalísimo (Franco) que observaba en el pueblo, no al ente soberano, sino a la obediente criatura aislada de los asuntos públicos, donde la censura y la prohibición del pluripartidismo, era la nota de un sistema donde el ejército llevaba la primacía y, realmente, era quien gobernaba un país cuyo sistema había surgido de la sangrienta Guerra Civil (1936-1939).
A la muerte de Francisco Franco, con tanto poder, el entonces Príncipe, ya proclamado monarca, lanzó una serie de reformas audaces que siempre hicieron temer cuál sería la reacción del poder instituido: la milicia. El Rey, inmediatamente retornó la soberanía al pueblo; hizo un llamado a las fuerzas de oposición para sumarse a un gran proyecto constitucional que retornara a España al camino de la democracia, y quien lo dude -como hay varios que lo hacen más por ideología, ingratitud o rencor, que por (re) conocimiento político-, vea cómo el Partido Socialista Obrero Español, en ese entonces prohibido, a través de un joven Felipe González, futuro Presidente de Gobierno, con el apoyo del oficialista Partido Popular, estuvieron dispuestos a pactar no solamente la legitimidad del movimiento izquierdista y promover su incorporación al sistema electoral, sino que a la par se ofreció una apertura política, cultural y económica jamás vista en el Reino hasta fechas muy recientes en torno al famoso proyecto de la “Transición” o “Pacto de la Moncloa”.
Si el Rey hubiera decidido permanecer fiel a los principios del totalitarismo, el régimen autócrata tarde o temprano lo habría aplastado, primeramente por no compartir su estilo militar despótico, y en segundo, por mera cuestión de principios: el arte de gobernar obliga a anteponer los intereses del estado, con su pueblo e instituciones, antes que los compromisos personales con figuras poderosas que a contrahistoria, dañan el futuro de una sociedad completa. El gobernante debe de saber decir: “ya no es posible seguir así”.