El debate público en México opera como una fábrica de identidades cerradas: no invita a comprender al adversario, sino a caricaturizarlo. Un bando ve al otro como una masa de fanáticos ciegos y estúpidos; el otro responde describiendo a sus críticos como corruptos resentidos, expulsados todos del supuesto privilegio. No dan los números, pero esa simplificación no es accidental: en política, las narrativas sirven para legitimar, movilizar y blindar lealtades, y en México el lenguaje populista ha explotado precisamente esa lógica durante mucho tiempo, con un breve paréntesis tecnocrático cuya clase política no utilizó esa herramienta porque no la conocía.
Los movimientos populistas modernos contienen una mezcla incómoda de fe y cálculo. Por un lado, sí tienen algo de sectarios: el liderazgo personalista, la polarización moral y la tendencia a convertir al dirigente en símbolo de redención política producen una adhesión que a veces parece irracional. Pero también son profundamente transaccionales. Una parte importante de su base no está ahí por convicción doctrinaria sino por intercambio material, expectativa de acceso, protección o pequeñas recompensas concretas. En otras palabras, junto al fervor existe el clientelismo; junto al culto, la conveniencia.
Eso ayuda a explicar por qué en México el anti-morenismo existe, pero todavía parece más reactivo que estructurado. No es aún una identidad plenamente consolidada, sino una mezcla de rechazo estético, hartazgo del discurso caníbal y preocupación difusa por el "rumbo del país". En ese escenario, los opositores creen que bastará con exhibir casos de corrupción de funcionarios morenistas para alterar la intención de voto. Esa apuesta sobrestima la capacidad de la evidencia escandalosa para desarmar un bloque político que no está unido solo por argumentos.
Subestima, primero, la dureza de la base más convencida de MORENA, que interpreta las denuncias como ataques del viejo régimen o como intentos desesperados por frenar una transformación histórica. En ese segmento, la información comprometedora rara vez erosiona la lealtad; al contrario, puede reforzarla, porque confirma la idea de persecución. Y subestima, segundo, el pragmatismo amoral de la base clientelar, para la cual la pregunta decisiva no es si un político es impecable, sino si resuelve, reparte, protege o le conviene. Frente a ese votante, la denuncia ética compite mal con la utilidad inmediata.
La oposición mexicana comete así un error clásico: supone que la corrupción es una llave universal de desmovilización. No lo es. La corrupción indigna cuando se percibe como ajena, pero se tolera o se racionaliza cuando se experimenta como parte del trato político. Por eso los escándalos no necesariamente desplazan preferencias; a veces solo confirman prejuicios previos y endurecen los bandos.
Si de verdad se quisiera modificar el mapa electoral, haría falta algo más complejo que denunciar. Haría falta disputar el relato, ofrecer pertenencia, construir credibilidad y hablarle tanto al votante desencantado como al beneficiario pragmático. Mientras eso no ocurra, el anti-morenismo seguirá creciendo más en la conversación que en las urnas.