Mejor gravar la riqueza que el ahorro

Columnas miércoles 10 de septiembre de 2025 -

El Paquete Económico 2026 en México plantea un incremento a las retenciones impositivas respecto del ahorro, que pasaría de 0.50% en 2025 a 0.90% en 2026. A primera vista, esta medida podría parecer razonable para ampliar la base tributaria y obtener mayores ingresos públicos en un contexto de restricciones presupuestarias. Sin embargo, una mirada desde la economía política permite sostener que este planteamiento constituye un error estratégico y un retroceso en términos de justicia social y redistributiva.

El ahorro, en particular el que proviene de pequeños y medianos depositantes, no puede confundirse con la riqueza estructural de las élites. En sociedades como la mexicana, donde las desigualdades son profundas, el ahorro es, para la mayoría de las familias, un mecanismo de protección frente a la precariedad laboral, la ausencia de seguridad social universal y la volatilidad económica. Penalizar ese esfuerzo mediante un aumento en la carga impositiva equivale a debilitar uno de los pocos instrumentos con que cuentan los hogares para enfrentar contingencias como enfermedad, desempleo o vejez.

El problema central es que el Paquete Económico no distingue entre ahorro precautorio y acumulación de capital. En otras palabras, se equipara el ahorro de una familia que junta lo suficiente para pagar estudios universitarios con el capital de grandes patrimonios financieros. Esta confusión no solo es conceptualmente errónea, sino que produce un efecto regresivo: mientras que los sectores populares y medios ven mermado su ingreso, los grandes conglomerados empresariales y patrimoniales siguen beneficiándose de un sistema fiscal que prácticamente no grava la riqueza.

En el capitalismo contemporáneo, la reproducción de la desigualdad no se juega solamente en el ámbito de la producción, sino también en el de la circulación y la distribución. El ahorro de los hogares es parte del salario indirecto; su castigo fiscal no corrige las asimetrías estructurales, sino que las refuerza. Por el contrario, lo que México requiere con urgencia es una política tributaria que grave la riqueza en todas sus formas: grandes fortunas, herencias millonarias, ganancias bursátiles y propiedades de alto valor. Solo así se puede avanzar hacia un sistema progresivo que redistribuya recursos desde quienes concentran el excedente hacia quienes enfrentan las carencias más graves.

Esta propuesta revela, además, una contradicción con el discurso gubernamental que promueve la inclusión financiera. Se incentiva a los ciudadanos a depositar sus recursos en el sistema bancario, pero luego se les castiga fiscalmente por hacerlo. Este tipo de medidas puede desincentivar la bancarización y empujar a los ahorradores hacia mecanismos informales.

El Estado mexicano tiene ante sí una disyuntiva: optar por una política fiscal regresiva que carga sobre los hombros de la clase media y trabajadora, o avanzar hacia un paradigma de justicia tributaria que redistribuya la riqueza y confronte las estructuras de privilegio. Elevar el impuesto al ahorro es, sin duda, un camino equivocado. Gravar la riqueza en su sentido pleno -los patrimonios, no los salarios diferidos en forma de ahorro- es la medida necesaria para enfrentar de raíz la desigualdad que lastra el desarrollo nacional.

Investigador del PUED-UNAM