Todo lo que implique encaminarse a la autonomía energética total debe ser no sólo aplaudido y apoyado por todos y no una fuente de ingresos extra para algunos malos funcionarios. La firma con Petrobras, de Brasil es un paso importante que confirma que hay un nuevo orden en la política y la economía del planeta.
La firma de este convenio de apoyo en materia de exploración, extracción de hidrocarburos en el Golfo de México así como en aguas profundas, contempla el desarrollo tecnológico y geológico en este sector, no sólo fortalece la economía de ambos países sino su política.
Así, esta alianza con la empresa brasileña, se convierte en un dique de contención para las políticas de manipulación de votos por parte de la Casa Blanca, --el próximo 4 de octubre de este año en Brasil, donde se elegirá presidente del país; y, en julio de 2027, cuando se renueve la Cámara de Diputados federal en México--, como lo hizo Trump de manera evidente e impune con las elecciones de Colombia.
Proteger, a capa y espada la autonomía de los energéticos, es defender la esencia de la libertad de un pueblo; sin embargo, para quienes debieran estar muy orgullosos de ser parte de este esfuerzo, que no es fácil, pareciera no sólo desconocer el momento que se vive en México sino que lo aprovechan para hacer negocios personales.
Ya, en tiempos del antiguo régimen, era una tradición cobrar el “diezmo” a los proveedores que querían rescatar el olvido sus pagos, incluso en las interminables demandas por pagos atrasados de los contratos que se encontraban estancados. Ahora, no sólo es el 10 por ciento sino el 30 por ciento que los empleados de nivel medio y alto, reclaman a los clientes de Pemex, tanto que dicho monto algunas veces es aumentado en las propuestas, licitaciones y ventas directas. Desde luego, esto implica millones de dólares.
Pero en el Pemex actual hay añadidos donde hasta la opinión de la población es factor importante para nutrir la corrupción y los bolsillos de funcionarios sin escrúpulos de dicha empresa, como es el caso de que Pemex exige una “quita” del monto original de la deuda, para demostrar a la opinión pública que se le pagó a tal o cual proveedor, porque, éste, de motu proprio, decidió hacer un descuento “de buena voluntad” del 20 por ciento. Como si no fuera obligación legal pagar lo que se debe. En México no hay empresas aseguradoras que quieran trabajar con Pemex por estas razones.
De tal manera que finalmente se le roba al proveedor la mitad de su adeudo, con toda impunidad y discreción, lo cual contradice el proyecto de emancipación y liberación de deuda de esta empresa, de la que depende el futuro del país.