Soberanía y dignidad

Columnas miércoles 06 de mayo de 2026 -

La nueva Estrategia Nacional Antidrogas de los Estados Unidos coloca a México en el centro de una presión inédita, con implicaciones jurídicas, políticas y geopolíticas que el Estado mexicano no debe soslayar.

Desde 1989, cuando George H. W. Bush instauró el primer marco formal, Washington ha afinado sus mecanismos políticos en materia de policía y milicia. Hoy, bajo la lógica de seguridad nacional, el combate al narcotráfico se endureció y adopta tintes de guerra abierta, con operaciones quirúrgicas y una narrativa que equipara a los cárteles con organizaciones terroristas.

Este último apartado habilita el congelamiento inmediato de activos, persecuciones extraterritoriales y cooperación reforzada. En ese mapa, México aparece como nodo principal, tanto por su posición geográfica como por la profundidad de la infiltración criminal.

De esta forma, resulta inquietante que se construya un cerco jurídico y político. Extradiciones, declaraciones de testigos protegidos, investigaciones financieras y presión diplomática configuran una estrategia de largo aliento, que en una buena parte de la narrativa en esta administración del presidente Donald Trump, colocan al gobierno mexicano al centro de su intervención.

Por otra parte, ante la solicitud de “aseguramiento” del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya --y 9 sinaloenses más-- hay que resaltar que el tratado de extradición vigente entre México y los Estados Unidos no admite interpretaciones laxas; si el país requerido niega la entrega, queda obligado a investigar y procesarlos de manera interna.

A esto, se suma un elemento muy delicado, la seguridad de las personas señaladas por el gobierno estadounidense. Negar una detención provisional implicaría asumir la responsabilidad sobre su integridad. Cualquier fuga o atentado, se convertiría en un argumento político-jurídico del otro lado de la frontera.

De esta forma, llegamos a la reflexión quizá más dura, las acusaciones que vinculan al crimen organizado con los procesos electorales, introducen un factor de desestabilización institucional, que no tiene precedentes recientes; máxime cuando estamos en la antesala de un proceso intermedio inédito el próximo año, por el número de personas que competirán por un cargo público.

Por si esto fuera poco, la presión también se extiende al terreno económico. En vísperas de la revisión del Tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá, cualquier deterioro en la relación bilateral puede traducirse en pérdida de inversión, empleos y confianza; que involucran inversiones por millones de dólares para los tres países.

Para México, una decisión errática podría traducirse en aislamiento, presión económica y debilitamiento institucional; pero una decisión firme, en cambio, podría abrir una ruta de reposicionamiento internacional.

En ese escenario, el trato político y diplomático de la mandataria Claudia Sheinbaum será una prueba de madurez institucional, el respeto a la investidura deberá acompañarse de claridad en la conducción del país. Porque, sin duda, la historia no concederá una segunda oportunidad en materia de soberanía y dignidad.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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