Tamaulipas continúa como escenario de la violencia del crimen organizado y la inseguridad en el país, lo que ha generado diversas reacciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Américo Villarreal Anaya, en me dio de una jornada electoral que se desarrolla en dos entidades del país.
El tráfico de drogas y la lucha por el control del territorio entre grupos delictivos son las principales causas de la violencia en Tamaulipas, entidad que es un punto estratégico para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, pero que depende del control político.
En este espacio, revelamos que grupos de la delincuencia organizada y ladrones de combustible -que aún operan en el país-, incidieron en las pasadas elecciones efectuadas en Hidalgo, así lo advirtió el Centro Nacional de inteligencia (CNI) al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.
El reporte militar, obtenido por este reportero y filtrado por el grupo de hacktivistas denominado "Guacamaya" -fechado el pasado 16 de mayo de 2022- se le advierte al general Sandoval que, durante la jornada electoral del 5 de junio, "se prepara una presión por células delictivas para declinar el voto a su candidato de interés, para ello, se tienen previsto usar más de 130 mil millones de pesos”.
Este informe de inteligencia de la Sedena que interceptó "Guacamaya", me hacen pensar que las acciones bélicas en Tamaulipas son motivadas, claro, por el trasiego de drogas y las millonarias ganancias económicas que representa, pero, a su vez, por la necesidad de hacer relevos estratégicos políticos.
Quizá, como en el caso de Hidalgo, la lectura de los grupos delincuenciales es recular a los gobernantes en aquella zona del país, ya que estaría generando pérdidas o mermas con su actividad comercial estelar, el trasiego de drogas y la trata de blancas, que se traduce en poder bélico, económicos y político.
Lo cierto, es que se deben implementar estrategias más efectivas para combatir al crimen organizado y garantizar la seguridad de los ciudadanos, sin importar la ideología política, para evitar mantener este clima de incertidumbre entre la población, quien es la que padece día a día la zozobra de perder la vida en cualquier momento.
No hay que olvidar que el Estado mexicano ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), documento que lo compromete a garantizar la vida de los ciudadanos, por lo que este problema puede escalar a círculos de talla internacional.
"La violencia no puede ser un tema que se utilice para fines políticos o partidistas, sino que debe ser abordado de manera objetiva y efectiva para lograr la paz y la tranquilidad que los ciudadanos merecen", ha recomendado la ONU.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
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