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Tribunal Electoral: XXX Aniversario
Columnas
Una democracia reside, en buena medida, en la forma en que gestiona sus desacuerdos. Sí, el voto expresa la voluntad popular, pero es la justicia electoral la que le confiere certeza. El Estado Mexicano comprendió estas verdades y el 22 de agosto de 1996 creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una institución destinada a convertirse en el último custodio de la legitimidad democrática en este país.
Desde entonces, buena parte de la historia política del país puede leerse a través de sus sentencias. El Tribunal ha sido testigo y protagonista de las horas más intensas de la competencia electoral: la alternancia presidencial del año 2000; la polarización de 2006; las sucesivas elecciones de 2012, 2018 y 2024, que confirmaron que la estabilidad democrática depende de instituciones capaces de decidir con independencia, incluso cuando sus resoluciones desagraden a medio país.
Creo que el verdadero legado del Tribunal no se encuentra únicamente en las elecciones que ha calificado, sino en los derechos que ha protegido, ensanchado y reconocido. Sus criterios hicieron de la paridad de género una realidad y no una aspiración; fortalecieron la representación política de pueblos y comunidades indígenas y grupos históricamente excluidos; abrieron caminos para combatir la violencia política contra las mujeres y ampliaron el alcance de la ciudadanía en una democracia que sabe que la igualdad también se construye desde la jurisprudencia, como el voto electrónico y en prisión preventiva.
Cada presidencia de la Sala Superior ha dejado una huella en esa construcción colectiva. Desde De la Peza hasta Bátiz, pasando por Castillo, Galván, Alanís (primera mujer en presidir el órgano), Luna, Carrasco, Otálora, Fuentes, Reyes Rodríguez y Soto Fregoso, la institución ha evolucionado al ritmo de una sociedad más plural, más exigente y también más compleja.
Como toda autoridad que decide sobre el poder, el Tribunal ha sido objeto de aplausos y reproches. Creo que esa es la mejor prueba de su relevancia. En democracia, la unanimidad suele ser sospechosa; la legitimidad proviene de la fortaleza de los argumentos, de la transparencia de los procedimientos, de la independencia de quienes imparten justicia y claro, de la colegialidad interna.
La institución enfrenta hoy desafíos inéditos. La inteligencia artificial, la desinformación, las campañas digitales, la velocidad de las redes sociales y la erosión de la confianza pública obligan a repensar la justicia electoral sin renunciar a sus principios. La Constitución seguirá siendo el faro, pero los nuevos tiempos exigirán sensibilidad y lealtad democráticas, convicción institucional, creatividad exegética congruente y templanza política.
30 años después, el Tribunal permanece como una de las grandes conquistas de nuestra transición democrática, porque las elecciones terminan la noche de la jornada electoral, sí; pero la democracia continúa al día siguiente, cuando un tribunal independiente recuerda que la voluntad popular solo alcanza plenitud y firmeza cuando está resguardada y garantizada por el Derecho.
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