Rocío Barrera
Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM
Muchos nos preguntamos si este sea un buen momento para impulsar una reforma educativa, y la respuesta es que no lo es, porque antes de cualquier transformación, se precisa resolver la crisis por la que atraviesa el Sistema Educativo Nacional. Los responsables gubernamentales no han sido capaces de encontrar la fórmula para reparar los daños producto de la pandemia de Covid 19 y que –por la inacción y errores político-administrativos–, podría provocar una generación perdida.
Es preciso decirlo: las niñas, niños y adolescentes no están para ser objeto de experimentos en materia educativa, como lo pretende la 4T con su proyecto para modificar los Planes de Estudio de la Educación Básica, la cual, por cierto, carece de propuestas para revertir la deserción escolar de un millón de alumnos que se registra cada año, y para combatir el rezago escolar de otros 5 millones.
Información de México Evalúa, advierte que vivimos una reducción histórica en la matrícula escolar de todos los niveles educativos. Y es que después de la pandemia, más de medio millón de alumnos desertaron.
Al respecto, Fernando Carrera Castro –representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México–, aseguró que niños mexicanos perdieron dos años de aprendizaje a consecuencia de la pandemia, y si el gobierno no diseña una estrategia para revertir esta situación, el costo será que los infantes y adolescentes de esta época se convertirán en una generación perdida, lo que constituye una gran desgracia para cualquier país.
Además, insistió en que el gobierno mexicano debe tener como prioridad atender los problemas nutricionales que padecen millones de menores, por la obesidad y la pobreza en que vive 40 por ciento de ellos.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), existe un importante rezago en la lecto-escritura y el razonamiento matemático, y en la propuesta del llamado Nuevo Modelo Educativo, no hay planteamientos concretos para mejorar las condiciones de aprendizaje.
El periodista Salvador García Soto, reseñó que el proyecto con el que pretenden construir una utopía para nuestro sistema educativo, no es producto del consenso, puesto que nunca fueron consultados los expertos en educación, los profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ni quienes integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Es indudable que el gobierno actual no ha cumplido con lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3, mediante el cual se establece que el Estado debe ser el promotor de la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje y debe priorizar el interés superior de niñas, niños y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos.
La próxima semana dará comienzo el nuevo ciclo escolar e iniciará la prueba piloto de los nuevos planes educativos en mil escuelas de todo el país. Sin embargo, los expertos en materia educativa coinciden que esta propuesta del gobierno federal sólo será una pérdida de tiempo; se acerca el final del sexenio y estarán más preocupados por la elección presidencial que en consolidar un nuevo programa de estudios que por cierto no fue avalado de manera unánime.
Y ante este panorama, lo más seguro es que continúe la execrable tendencia de recortar el presupuesto a la educación. Es de todos conocido que esta disposición –aunada al insultante subejercicio en el gasto programado–, afectó la capacitación de los docentes y la atención de niñas y niños con discapacidad, así como la desaparición de programas como el de Escuelas de tiempo completo que brindaba alimentos y atendía a los alumnos con horarios extendidos.
Sabemos que no existen soluciones milagrosas para atender la crisis de la educación en México, pero las consecuencias por la errática política educativa del actual gobierno y los desaciertos de sus titulares, serán desastrosas.
Los promotores de esta pretendida “reforma” parecen ignorar que de la educación depende el desarrollo económico de México; de ahí que sea urgente que el Estado asegure el acceso, permanencia y los logros de aprendizaje en la educación obligatoria. Sólo podremos decir que ha garantizado un verdadero derecho a la educación, cuando la niñez y la juventud mexicana cuenten con un lugar decoroso para cursar sus estudios y se garantice el presupuesto y los servicios indispensables para cumplir con este derecho constitucional.
No se precisa ser un adivino para pronosticar que las consecuencias por las equivocaciones y torpezas, producto del desconocimiento o ineptitud de los actuales operadores del sector educativo, provocarán –además de un déficit de conocimientos y limitantes en el avance científico y tecnológico nacional–, una generación perdida, sin posibilidades de obtener buenos empleos y lograr los mínimos niveles de bienestar.
Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM