¿Amenaza al Estado?

Columnas miércoles 09 de julio de 2025 -

La extorsión no sólo ha lacerado el patrimonio de millones de mexicanos, también ha erosionado la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. Ante este panorama, el gobierno federal ha decidido emprender una ofensiva legislativa y operativa que rompa con la impunidad estructural.

El reciente anuncio de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo sobre la iniciativa para tipificar la extorsión como delito grave responde a una exigencia ciudadana que ha sido ignorada por décadas. La reforma contempla prisión preventiva oficiosa para quienes cometan este delito, lo que implica un cambio sustancial en el marco legal vigente.

La iniciativa cobra sentido ante cifras alarmantes. Sólo el 2.1% de las extorsiones llegan a formalizarse como carpeta de investigación. La cifra negra alcanza el 97.9%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La extorsión ha evolucionado. Ya no sólo opera mediante llamadas telefónicas o cobro de piso, sino que ahora emplea inteligencia artificial, suplantación de identidad y manipulación emocional. Estas prácticas exigen respuestas tecnológicas por parte del Estado, como la implementada por la Policía Cibernética de la Guardia Nacional.

En ese contexto, la administración federal --coordinada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch-- ha implementado una estrategia integral que incluye campañas informativas, líneas de atención, endurecimiento de penas y creación de fiscalías especializadas. El propósito es brindar herramientas a las víctimas, quienes en muchos casos han preferido cerrar sus negocios o migrar, antes que denunciar.

La reforma constitucional en curso para incorporar la prisión preventiva oficiosa no sólo alcanza la extorsión. También incluye otros delitos que afectan gravemente la vida cotidiana, como el tráfico de fentanilo y el trasiego de combustible obtenido de manera ilegal. En esa línea, el Congreso de la Unión perfila ampliar el catálogo penal con respaldo técnico del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Este impulso legislativo ocurre en paralelo con el arribo de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes asumirán decisiones clave sobre el equilibrio entre derechos fundamentales y seguridad pública. La analogía es clara, así como el sistema judicial se renueva, también se redefine el rol del Estado frente a la criminalidad, con colaboración de fuerzas castrenses como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina-Armada de México.

Pero a la vista del ciudadano, la extorsión tiene un impacto silencioso en los precios de productos básicos. Casos como el limón, tortillas y aguacate, donde el crimen organizado impone cuotas ilegales, reflejan cómo este delito se infiltra en la economía familiar. Apenas la Confederación Patronal de la República Mexicana reportó que el 54.5% de sus socios han sido víctimas de este flagelo.

Este tipo de violencia no distingue sectores. Migrantes, comerciantes, campesinos y transportistas enfrentan amenazas cotidianas que el Estado perfila erradicar. Por ello, la propuesta de la titular del poder Ejecutivo no se limita a un endurecimiento punitivo, sino que incluye un modelo de prevención integral.

El mensaje de Sheinbaum Pardo es contundente, la extorsión no quedará impune. Esta posición es congruente con su visión de un Estado fuerte que no ceda espacio al crimen. Para lograrlo, requiere del respaldo del Congreso de la Unión y de los integrantes del Poder Judicial renovado.

En suma, la reforma legal en curso no sólo busca tipificar un delito como grave que ha estado presente por décadas y que se enquistó en los primeros años de la alternancia política después del año 2000, como una amenaza grave al Estado mexicano, hoy, se pretende restituir la confianza de la población en la justicia, desmontar las redes criminales y recuperar el control del territorio.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017