El peor enemigo para Donald Trump es precisamente él mismo y, sin la protección que ofrece la presidencia estadounidense los problemas aparecen un día sí y otro también, debido principalmente al cateo en su casa de descanso en Mar a Lago, allá en la Florida, pero de ser encontrado responsable por sustraer información, que hoy se sabe es clasificada, podría tener como destino final la cárcel.
Desde febrero de este año la agencia gubernamental encargada de conservar los documentos de los presidentes estadounidenses, la Administración de Archivos Nacionales de Estados Unidos, hicieron públicas sus sospechas que Donald Trump pudo llevarse información clasificada. Incluso el 10 de ese mes el prestigioso periódico, The Washington Post publicó que, en efecto, algunos documentos estaban marcados como clasificados y algunos de ellos incluso como “alto secreto”.
El expresidente Trump, fiel a su estilo de vida, se dijo “tranquilo”, incluso negó que la información fuera cierta.
Lo increíble de esta historia inició en enero de este año cuando el que fuera ocupante de la Oficina Oval, devolviera los archivos por una orden directa del Tribunal Supremo, pero increíblemente al revisarlos, los archiveros encontraron faltante de información que entonces se presumía podría ser material clasificado lo que obligó al Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, abrir una investigación.
En busca de traspasar su responsabilidad o incluso negarla, el mismo Trump replicó mediante un comunicado que entregó los documentos a la agencia gubernamental “de forma amistosa y sin conflictos” y calificó de “mentiras” (fake news) el relato de los medios de comunicación. Las 15 cajas de la discordia, dijo, contenían “cartas, discos, diarios, revistas y artículos varios” que algún día se reunirán en la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump para que, el público pueda ver de primera mano los “increíbles logros” de su Gobierno para con “el pueblo estadounidense”, así o más cínico este hombre.
Vale recordar que la ley de Registros Presidenciales, de 1978, establece que los mandatarios deben dar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo, en papel o digitales a los Archivos Nacionales. No es frecuente un incumplimiento ya que muchos altos cargos usan sus celulares y correos personales para asuntos de trabajo que deberían quedar registrados de forma oficial, y ya en el pasado, los Archivos Nacionales han tenido que recuperar documentos de la Casa Blanca después de que el presidente afectado haya dejado el puesto.
La orden de cateo en la residencia de Trump muestra que el expresidente está siendo investigado por posible obstrucción de la justicia y violaciones de la ley de espionaje. De los 15 archivos recuperados, 11 son de información clasificada en diversos niveles, por ejemplo, los de armamento nuclear.
@arnc7