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¿Cuál es el impacto de la posible regulación del cannabis en México?

¿Cuál es el impacto de la posible regulación del cannabis en México?

Columnas miércoles 07 de abril de 2021 -

Josué Ángel González Torres

El pasado 10 de marzo la Cámara de Diputados aprobó la minuta por la que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y en el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Se espera que ésta sea discutida y votada antes del 30 de abril en el Senado. En caso de cumplir exitosamente el proceso legislativo y entrar en vigor, ¿Cuáles son algunos de los principales impacto que podría tener su regulación?

Antes de contestar la pregunta, es importante señalar los rasgos principales del proyecto en comento. En los términos actuales de la minuta, la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) será la institución rectora y podrá otorgar permisos para el autocultivo y para las asociaciones cannábicas, así como otorgar licencias para participar en uno o varios eslabones de la cadena productiva con fines lúdicos, comerciales y de investigación. La CONADIC podrá a otorgar los permisos y las licencias a partir de 2022.

En términos de autocultuvo se permite la siembra de hasta 6 plantas si es para autoconsumo y hasta de 8 si hay varios consumidores en una misma casa. En cuanto a las asociaciones cannábicas se integran por un máximo de 20 personas (sin antecedentes penales por narcotráfico o delincuencia organizada) y permite la siembra de hasta 50 plantas. Por su parte, las licencias otorgadas para las empresas dedicadas a la comercialización, podrá incluir los procesos de producción, distribución y venta final del cannabis o de sus derivados.

Bajo ningún caso se puede involucrar a menores de edad en la cadena de valor o consumo, no se puede vender o consumir a una distancia menor de 300 metros de escuelas o centros religiosos, ni se puede importar o exportar. Entre las sanciones por el incumplimiento de la ley se encuentran multas de hasta 260 mil pesos, clausura, decomiso, suspensión temporal o revocación de permisos o licencias, trabajo en favor de la comunidad y arrestos, según los casos y la gravedad de las faltas.

Otras de las características relevantes es que aumenta a 28 gramos la cantidad de cannabis psicoactivo que puede portar una persona para consumo personal. Hasta 200 gramos de posesión personal se considera una falta administrativa, un mayor gramaje representa ya responsabilidades de naturaleza penal.

Entre los principales impactos de la eventual aprobación de la Ley destacan tres. Primero, representa un cambio en el paradigma del esquema punitivo contra las drogas y es un golpe a los ingresos de los grupos criminales. Se estaría dando un paso importante hacia la discusión y posible despenalización de otros productos y derivados, como la amapola. Si bien el cannabis no es el componente principal de los ingresos de los grupos delictivos más grandes del país, sí podría representar un impacto para las agrupaciones criminales de colonias, barrios y localidades.

Segundo, la Ley prevé otorgar beneficios para personas procesadas o sentencias que serán tramitadas por oficio en centros penitenciarios, lo que podría despresurizar las cáceles a nivel estatal y federal. En 2018, de acuerdo con INEGI, de los imputados por el delito de narcomenudeo, 80% de los adolescentes y 41.6% de los adultos fueron imputados por tenencia de entre 5 y 100 gramos de marihuana.

Y, tercero, representa atraer un mercado ilegal hacia uno legal. Se estima que la industria alrededor del producto genere una derrama económica de entre 8 mil y 10 mil millones de dólares hacia 2025, y de 100 mil a 250 mil empleos formales. En ese sentido, significa para el Estado la posibilidad de recaudar impuestos tanto de los productores y consumidores, como de los comercializadores del cannabis y sus derivados.

Como cualquier iniciativa, tiene puntos perfectibles y vacíos que tendrán que ser subsanados en los lineamientos y reglamentos que se emitan por las autoridades económicas y de salud encargadas de crear la normatividad secundaria. Sin embargo, es positiva en términos del aumento de espectros de derechos de las personas, así como por la generación de una industria de amplísimo potencial y el rompimiento del paradigma punitivo de las drogas.

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