Moisés Vergara
El diez de febrero de dos mil catorce fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución federal en materia político-electoral. En dicho Decreto se establecieron nuevas disposiciones que marcaron la pauta para la transformación del sistema electoral en nuestro país.
En esencia, con la reforma al artículo 41 Constitucional se transformó al IFE en un Instituto Nacional Electoral (INE) y se le dotó de nuevas atribuciones. El INE entonces, transitó de ser un organismo constitucional autónomo de carácter federal, a evolucionar en un organismo constitucional autónomo de carácter nacional; es decir, con la creación del INE se dio paso al sistema nacional electoral.
De igual manera, con la reforma, se modificaron las atribuciones de los institutos electorales locales denominados ahora organismos públicos locales (Opl´s) encargados de organizar las elecciones en su respectiva entidad.
En términos de la Ley general, los Opl´s están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución federal, en la Ley general, así como en las constituciones y en las leyes locales; en ese sentido, el respectivo órgano superior de dirección aprueba su proyecto de presupuesto y lo remite al Ejecutivo local para su inclusión en el presupuesto de egresos que será enviado al Legislativo local.
De acuerdo con información pública, durante el presente año fueron autorizados en su conjunto por los respectivos congresos locales para ser ejercidos por los Opl´s en todo el país, ni más ni menos que la friolera de $18,377,876,398. De dicha cantidad, $11,643,965,478 fueron para gasto ordinario y proceso electoral, y $6,733,910,921 para prerrogativas de los partidos políticos.
Si bien la cifra parece escandalosa, en realidad debe verse en su justa dimensión, entidad por entidad, pues no es lo mismo el presupuesto para Colima ($132,571,180) que para el Estado de México ($3,019,445,124), o la Ciudad de México ($1,586,601,874); sin embargo, también existen casos donde las autoridades electorales locales sufrieron presupuestalmente para cumplir con sus obligaciones, pues no les autorizaron recurso alguno.
Lo anterior debe llamarnos a la reflexión porque de cara a la reforma electoral del año entrante, deberá analizarse muy detenidamente el tema presupuestal, pues si desparecen los Opl´s con el argumento de que salen muy caros, deberá dotarse de mayores recursos al INE para asumir totalmente las funciones locales y prever también el financiamiento público local para los partidos políticos, porque en un esquema centralizado, correspondería a la federación el aportar dichos recursos, lo que sin duda representaría un enorme esfuerzo financiero para el gobierno federal que tal vez no esté en posibilidades de solventar. Ahí les dejamos la mosca en la oreja.
Plancha de quite: “Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan.” George Jean Nathan.