Columnas
La crisis de gobernanza en la alcaldía Cuauhtémoc es una realidad innegable. A escasos seis meses de haber asumido el cargo, Alessandra Rojo de la Vega evidencia que el “activismo” no es suficiente para dirigir una de las demarcaciones más complejas de la capital. La administración de una alcaldía que alberga instituciones clave del país, como el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversas secretarías, requiere experiencia en gobernanza y capacidad de gestión efectiva.
Desde su llegada, la alcaldesa ha promovido una agenda orientada a atender a organizaciones de la sociedad civil, con un enfoque particular en la defensa de las mujeres. Sin embargo, esa visión no se ha traducido en soluciones concretas para los problemas históricos que aquejan a la demarcación. Durante la manifestación del 8M, anunció la colocación de puestos para atender a colectivos feministas, pero poco se ha hecho para erradicar la prostitución infantil y la trata de personas que ocurren en las inmediaciones de su propia oficina.
Las calles aledañas a la explanada de la alcaldía se han convertido en epicentro de delitos graves. Mujeres menores de edad, algunas provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Colombia, han sido víctimas de redes de explotación. Frente a su oficina, el parque público “Buenavista” es escenario constante del comercio de sustancias ilícitas y prostitución. Esta problemática no es nueva, pero la indiferencia de la actual administración agrava la situación.
El deterioro de la seguridad pública es evidente. La implementación del programa Blindar Cuauhtémoc, inspirado en el modelo aplicado en Miguel Hidalgo, ha fracasado. La estructura social y dinámica delictiva de la alcaldía requieren estrategias distintas. En lugar de combatir la extorsión que sufren comerciantes de mercados como el “Martínez de la Torre” y el “2 de Abril”, las autoridades han optado por perseguir a franeleros sin ofrecer alternativas de regulación o empleo formal.
El hostigamiento hacia comerciantes ha sido una constante. La delincuencia organizada ha impuesto un clima de terror en las 33 colonias de la demarcación, de manera particular en la Guerrero, Obrera, Doctores y Peralvillo, donde se reportan balaceras con frecuencia alarmante. En noviembre pasado, un carnicero del mercado 2 de Abril fue asesinado tras negarse a pagar extorsiones.
La falta de sensibilidad de la alcaldesa también se reflejó en diciembre pasado en la crisis provocada tras el incendio del “Hotel Parral” en la colonia Guerrero. Este inmueble servía de vivienda a familias de escasos recursos que, tras la tragedia, fueron desalojadas sin recibir apoyo. Cuatro familias, y más de una veintena de personas, ahora sobreviven en condiciones precarias frente al edificio clausurado, sin atención de la alcaldía.
El despido masivo de trabajadores al inicio de su gestión expone otra arista del problema. La falta de indemnización y el incumplimiento de derechos laborales han generado protestas constantes. A pesar de que algunos empleados continúan en litigio para obtener sus pagos, la administración sigue sin ofrecer respuestas.
La inseguridad ha llegado a niveles alarmantes. Hace apenas unos días, una mujer fue hallada sin vida en Tlatelolco. Su cuerpo, abandonado en un cesto de basura, fue descubierto tras varios días debido al fuerte olor que despedía. La zona, otrora segura y familiar, hoy es testigo de la descomposición social que la actual administración no ha sabido contener.
Las elecciones intermedias de 2028 serán un juicio inapelable para Rojo de la Vega y su administración. La ciudadanía evaluará los resultados y, de continuar la crisis, la oposición perderá uno de los pocos bastiones que aún conserva. Si la alcaldesa no rectifica su rumbo, entregará la Cuauhtémoc al partido dominante en el país, no por la fortaleza de sus adversarios, sino por la incapacidad de su propio gobierno.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017