Educación, ataques y zonas de conflicto

En los últimos dos años, el mundo ha sido testigo de un alarmante incremento en los ataques a la educación. Según el informe Ataques a la Educación 2024, presentado por la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA), se registraron cerca de 6,000 ataques en instituciones educativas entre 2022 y 2023. Este aumento del 20% respecto a años anteriores refleja una crisis global que afecta a miles de estudiantes, docentes y académicos.

El conflicto armado en países como Palestina, Ucrania y la República Democrática del Congo (RDC) ha sido uno de los factores principales detrás de esta escalada. En cada uno de estos lugares, escuelas y universidades han sido blanco de ataques deliberados o han quedado en la línea de fuego, resultando en la destrucción de infraestructuras educativas esenciales.

Más de 10 mil personas resultaron heridas o fallecieron a causa de estos ataques. La interrupción prolongada de las clases, el daño psicológico a los estudiantes y la pérdida de meses de aprendizaje han tenido consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas. Niñas y estudiantes con discapacidades se vieron especialmente vulnerables, no solo por los ataques, sino también por las dificultades para retomar sus estudios después de estos eventos violentos.

El informe señala que el uso de armas explosivas fue responsable de un tercio de todos los ataques. En Palestina, por ejemplo, se registraron más de 475 ataques contra escuelas en 2023, muchos de ellos llevados a cabo mediante ofensivas aéreas. La situación en Gaza es particularmente grave: más del 80% de las escuelas fueron destruidas o dañadas, dejando a miles de estudiantes sin acceso a la educación.

No se trata solo de ataques físicos a las instalaciones. Fuerzas armadas y grupos no estatales han ocupado escuelas y universidades en más de 30 países, utilizándolas como bases militares o centros de detención. Esta militarización de las instituciones educativas pone en peligro a los estudiantes y viola su derecho a una educación segura.

En Nigeria, a pesar de una disminución en los secuestros de estudiantes y docentes, estos incidentes siguen siendo un problema recurrente. Mientras tanto, en países como la RDC, Siria y Yemen, las escuelas han sido utilizadas para el reclutamiento forzado de niños, exponiéndolos a riesgos aún mayores.

Bajo este contexto, habría que voltear la mirada un momento a México. Zonas poblanas de entidades federativas como Sinaloa, Michoacán y Chiapas se encuentran bajo la amenaza constante de grupos delincuenciales que provocan un riesgo inminente a los ciudadanos, a los menores y, a la infraestructura educativa nacional.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017