¿Hacia una nueva agenda en seguridad pública?

Antecedentes de mujeres en carteras de alto nivel en seguridad y procuración de justicia, están el de Maribel Cervantes, excomisionada general de la extinta Policía Federal, así como el de Marisela Morales y Arely Gómez al frente de la Procuraduría General de la República. Distintos tiempos y contextos. Más allá de las cualidades que distinguen a la mujer en su rol como servidoras públicas, motivo de otro análisis, la maestra Rosa Icela Rodríguez tiene, además, una oportunidad única y relevante: plantear una nueva agenda en la materia.

Compromiso histórico y político son cosas diferentes. El primero debe prevalecer sobre el segundo, aunque no riñen. La confianza presidencial debiera ser el mayor aliciente para emprender una gestión audaz y auténtica, pensada en el futuro de generaciones y no en el próximo proceso electoral.

Una agenda así debiera contener, en una personal opinión, por lo menos los siguientes aspectos:

1. Detener el desmantelamiento de las capacidades construidas a lo largo de dos décadas en materia de investigación y análisis. Eso incluye rescatar al personal que en la presente administración ha sido despreciado y estigmatizado por la errónea creencia de que sirven a grupos políticos y no a la vocación de procurar seguridad a los mexicanos. Serían un soporte útil para el enorme despliegue que tiene hoy la Guardia Nacional.

2. Reconsiderar la política de no difundir detenciones de alto nivel y proponer un nuevo listado de objetivos prioritarios. Las mejores prácticas a nivel mundial en temas de seguridad incluyen hacer del conocimiento de la sociedad los logros cotidianos en la persecución del delito. Esto, además, motiva a quienes realizan las tareas operativas. Asimismo, un listado de “más buscados” o similar, genera apoyo a las instituciones y constituye una posibilidad de obtener información de fuentes inimaginables. Los delincuentes deben sentirse abrumados. Para eso vale recordar a diario, en el discurso y los hechos, que son ellos quienes generan las tragedias, no quienes los persiguen.

3. Fortalecer las tareas que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha impulsado desde administraciones pasadas, particularmente la consolidación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Las asimetrías de las corporaciones locales son una cuestión de atención urgente y prioritaria. Policías fuertes no son aquellas con más capacidades bélicas, sino mejor preparadas para prevenir la violencia a partir de la medicación y la investigación.

4. Impulsar la reforma al artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, que discrimina a los principales operadores del sistema de justicia penal y seguridad pública (policías, peritos y ministerios públicos), al negarles la estabilidad en el empleo.

5. Llevar los criterios de paridad de género al mando policial. Las mujeres en tareas operativas son capaces de generar grandes resultados en las misiones que les son encomendadas. Áreas prioritarias en la persecución del delito, como el secuestro y la extorsión, debieran estar encabezadas por mujeres.

Muchas otras cosas quisiéramos ver en una nueva agenda de seguridad. Estas son tan solo algunas propuestas. Deseamos el mayor éxito a la nueva secretaria, quien tiene en sus manos la oportunidad única de hacer historia. Que así sea, por el bien de todos.