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¿Los derechos en serio?

¿Los derechos en serio?

Columnas jueves 08 de septiembre de 2022 -



En la contradicción de tesis 293/2011, la Corte señaló que de conformidad con el artículo 1º constitucional, los DDHH de fuente constitucional y convencional son el parámetro de control de los actos públicos en nuestro país; que no se relacionan entre sí en términos jerárquicos; y que cuando en la norma suprema opera una restricción expresa al ejercicio de DDHH, se debe estar a lo que la misma establece.

Casi 10 años después, la Suprema Corte de Justicia se encuentra debatiendo esta misma semana si mantiene, modula o supera el criterio contenido en la contradicción 293/2011, en relación con el control de convencionalidad frente a las restricciones constitucionales.

A más de 10 años de la reforma de junio de 2011, la mayoría de ministras y ministros de la Corte no ha abordado el tema con la claridad contundente que exige la teoría de control de constitucionalidad. En el 2007, cuando una mayoría en la Corte opuso el argumento de jerarquía de la Constitución para evitar una aplicación preferente de los tratados internacionales, incluidos los de derechos humanos, pensamos que el mayor problema era convencer al Pleno de que la solución a este tipo de antinomias no se debía resolver, necesariamente, bajo el principio de jerarquía normativa -como fue aceptado en la CT 293-, sino mediante la distinción de los ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio válidas –normas constitucionales y normas internacionales-, de las cuales sin embargo, una de ellas tiene capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente, lo que se denomina primacía.

Ante esta nueva oportunidad para revisar el criterio de la contradicción 293/2011, el problema de entendimiento persiste, pero ahora bajo un argumento de incompetencia de la Corte para inaplicar una porción de un artículo de la norma suprema, por invadir supuestamente, las atribuciones del Poder Reformador. Este argumento para no aplicar preferentemente la CADH y dejar intocada la PPO del artículo 19 constitucional, produce finalmente, que la Corte termine reformando el artículo 19 constitucional, es decir, las y los ministros terminarán en el mismo lugar, a pesar de haber tomando el camino que eligieron para evitarlo.

La PPO es eso, oficiosa, por parte del órgano que conoce del caso, sin necesidad de que el MP la solicite, ni mucho menos la justifique. La mayoría sugiere adoptar una interpretación conforme del artículo 19 constitucional, para decir que la figura no opera en automático, sino que tendrá que pedirse, lo que procederá en unos casos sí y en otros no, dependiendo de si se trata de delitos de alto impacto.

Esta posición presenta 2 problemas constitucionales; primero, si la PPO se tiene que solicitar y justificar por el MP, deja de ser oficiosa, y entonces ¿en qué se distingue de la justificada? Y segundo, si el 19 constitucional tiene un catálogo de delitos a los cuales la medida se aplica oficiosamente, definir a qué delitos sí y a cuáles no de esa lista se implementará la medida como aparece en la norma suprema, representa una derogación parcial del artículo 19 constitucional.

Esta ruta produce que la Corte cambie la estructura normativa del artículo 19 constitucional, por lo que, al garantizar su no inaplicación, se produce su reforma o derogación, en ambos casos, bajo la óptica de la mayoría, se estarían usurpando atribuciones del Poder Reformador.

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