Diego A. Guerrero García.
El desarrollo científico y tecnológico, al menos en los últimos 30 años, ha experimentado un incremento considerablemente rápido. Sin embargo, ante esta realidad optimista, no en todos los casos se ha logrado reducir las condiciones de desigualdad social, particularmente, de grupos en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, al momento de atender nuestra situación sanitaria actual, se vuelve prioritario hablar de propiedad intelectual y su estrecho -aunque controversial- vínculo con el quehacer científico.
De acuerdo con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, una invención es toda creación humana que permita transformar la energía o la materia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el ser humano, a fin de satisfacer necesidades concretas.
De esta manera, aunque las obras literarias o artísticas, los símbolos, los nombres e imágenes utilizados en el mercado, así como las invenciones científicas, representan una ventaja para el avance de nuestra sociedad, no existe un verdadero sistema que se articule en la inversión, la protección, el respeto del conocimiento y sus diversas producciones.
Dentro de este contexto, nuestro país se encamina de manera inevitable hacia el rezago en la investigación y el desarrollo tecnológico producto de la explotación comercial, ya que mientras las naciones desarrolladas invierten entre el 2% y 5% de su PIB al desarrollo de este ámbito, México lo hace con el apenas 0.5%. Por ello, el Índice Mundial de Innovación, llevado a cabo por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ubica a nuestro país en el puesto 56.
En virtud de lo anterior, uno de los principales factores que expone esta problemática es la ausencia de contrapesos sobre áreas específicas, pues como se dio a conocer por medio del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, a pesar de haberse incrementado la inversión en ciencia, tecnología e innovación con relación al año anterior, se ha dejado de lado la creación de instrumentos y mecanismos para promover una cultura de patentamiento y protección.
Un claro ejemplo se da en el seno de la crisis sanitaria que ya superó los 50, 000 muertos. En este periodo, se han presentado cuatro proyectos para encontrar la vacuna contra el Covid-19 ante la Coalición para la Innovación en Preparaciones para Epidemias (CEPI). No obstante, a pesar de ser apoyados, la falta de financiamiento para su desarrollo por parte del sector público deja el camino abierto a la capitalización.
Por lo anterior, se requiere un sistema de patentes que reconozca a todos los sectores y que, principalmente, proteja las tradiciones milenarias de las comunidades indígenas con el objetivo de reconocer los derechos morales y patrimoniales que poseen. Por esta razón, es impostergable proteger los intereses individuales y/o colectivos e impulsar un desarrollo científico y tecnológico con perspectiva de derechos humanos.