Esta semana que inicia se discutirá y aprobará, sin mayor problema, la reforma electoral o “Plan B”, en la Cámara de Diputados de acuerdo a lo planeado. Aun cuando el proceso de aprobación de la reforma no ha concluido, ya podemos observar sus efectos, los cuales son principalmente negativos.
En el plano institucional, la propuesta de reducción presupuestal no solo impactará a los niveles más altos de la estructura electoral, sino también a los cuadros técnicos y operativos que se encuentran a lo largo y ancho del país y que, en la práctica, son quienes sostienen la organización de los procesos electorales. La reducción podría significar una afectación a la certeza del procedimiento electoral y con ello vulnerar la legitimidad de los resultados.
Pero es en la esfera política donde se observan las consecuencias más negativas al dejar al descubierto los conflictos al interior de la coalición gobernante. Hace meses, cuando se empezaba hablar de la reforma, no existía duda de que sería aprobada en sus términos sin mayor problema, principalmente, porque la oposición no representaba un verdadero obstáculo, por lo que incluyeron únicamente los temas de interés para Morena, como la reducción de financiamiento a los partidos.
Sin embargo, una vez que se tuvo la propuesta en la mano -después de todos los preparativos que llevaron a su generación- no se pudo avanzar y la causa vino de donde menos se esperaba: los aliados de Morena. El Partido Verde y el Partido del Trabajo mostraron que su papel no es únicamente de sumisión, sino que también tienen intereses y cuando estos se afectan, pueden optar por ir incluso de la presidenta y el régimen.
Aunque se dice que la 4T está conformada por grupos que tienen la misma importancia, lo cierto es que a estos partidos frecuentemente se les ha considerado como actores subordinados o males necesarios a los cuales se les podía exigir que actuaran según conviniera. Pero la discusión de la reforma demostró lo contrario.
Durante este proceso ambos partidos demostraron que no se encontraban bajo control total, sin una opinión que considerar, al contrario, dejaron en claro que poseen capacidad efectiva de negociación, particularmente en contextos donde su apoyo resulta indispensable para alcanzar mayorías calificadas. Lo anterior muestra una característica central de los sistemas de coalición: el poder no se distribuye únicamente en función del tamaño electoral, sino también de la posición estratégica, dicho de otra forma, los “partidos pequeños” pueden ejercer un poder de veto en situaciones de decisiones clave.
Morena, pese a ser la fuerza dominante, no es capaz de realizar los cambios que desea sin el apoyo de sus aliados. La detención del Plan A y los cambios al Plan B mostraron que los pequeños son capaces de negociar en un entorno de interdependencia política, exhibir públicamente a la reforma como antidemocrática y que Morena no es todopoderoso.
Pero más aun, las modificaciones introducidas al Plan B muestran de manera evidente esta capacidad de chantaje y negociación. No sólo se eliminó la propuesta de permitir que en caso de revocación la presidenta hiciera campaña a su favor, también se ha dicho que ahora se exige que se considere al Verde y PT en las encuestas que se realizarán para elegir candidatos por parte de la alianza.
Desde que se rechazó el “Plan A”, la reforma perdió fuerza y legitimidad y se volvió una discusión que únicamente interesó a la clase política, la cual la utilizó para defender sus intereses y mostrar los equilibrios de poder dentro de la coalición. La reforma va, sí, pero desde antes de su aprobación, ya se observan sus consecuencias.