Luis Carlos Benitez y Claudia Bolaños
Se requiere la mayoría absoluta en San Lázaro para procesar desafuero del gobernador
La suerte del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca al final será decidida por el Congreso de Tamaulipas, donde el PAN, partido del mandatario, tiene mayoría absoluta con 23 diputados contra sólo 10 de Morena; 2 del PRI y 1 de Movimiento Ciudadano.
De acuerdo al artículo 111 de la Constitución, el desafuero es necesario cuando los delitos cometidos por el servidor público fueron durante el tiempo de su encargo. Para ello, se requiere que la Cámara de Diputados declare, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si es posible o no proceder penalmente contra el inculpado.
En caso de que en San Lázaro se niegue la declaratoria de procedencia, se suspenderá todo procedimiento en contra del funcionario mientras continúa en el cargo, pero una vez que concluya el mismo, la FGR puede continuar con la imputación que pretende realizar.
Esto, debido a que el análisis en San Lázaro no implica que los legisladores tengan la facultad para calificar los fundamentos que la Fiscalía pueda tener para imputar al servidor público.
Si la Cámara de Diputados acepta emitir la declaratoria, el servidor público quedará a disposición de las autoridades; en este caso, de la FGR.
En el caso del gobernador García Cabeza de Vaca, el artículo 111 establece que este procedimiento de declaratoria de procedencia seguirá las mismas reglas que para los servidores públicos federales, porque se le acusa de delitos federales.
Sin embargo, si la Cámara de Diputados acepta emitir la declaratoria contra el gobernador de Tamaulipas, únicamente deberá comunicarlo a la legislatura de la entidad para que, en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda contra el mandatario estatal.
En ese caso, el gobernador podría ser separado de su cargo por el tiempo que dure su proceso penal, pero si es exonerado, puede reasumir sus funciones. Si es condenado, se le suspenderá el derecho al indulto.