¿Y los 15 mil millones?

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¿Y los 15 mil millones de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que se eliminaron? ¿Dónde están? Pues están en el mismo lugar que donde estarán hasta que se resuelvan en definitiva los amparos y las controversias constitucionales que se presenten respecto a la modificación que el Congreso de la Unión aprobó para su eliminación.

En estos momentos esos recursos no se pueden destinar a la reconstrucción de Acapulco, a programas sociales o a cualquier otro propósito, porque están en litigio.

En tiempos electorales debemos distinguir entre la propaganda y la realidad. En su mañanera el presidente AMLO propuso que los recursos de los fideicomisos se destinarán a la reconstrucción de Acapulco. En una respuesta inesperada, la ministra presidenta de la suprema corte, Norma Piña dijo estar de acuerdo. Para complementar el cuadro, la Cámara de Diputados saludó la iniciativa y pidió acelerar el proceso. Se agradece la buena voluntad, pero tratándose de asuntos legales y sobre todo de dinero, eso no aplica de manera automática.

Un fideicomiso es literalmente un “cochinito”, que tiene varias características, como son un objeto determinado, reglas de operación y beneficiarios. Hay fideicomisos públicos y fideicomisos privados. En el caso de los fideicomisos públicos uno de sus componentes; es decir, de los recursos que lo integran tienen como origen dinero público y dinero privado.

En la administración pública, particularmente en los recientes cuatro gobiernos, fue común la creación de fideicomisos como una forma de evitar que los remanentes de los presupuestos y otros gastos no efectuados en el año fueran regresados a la tesorería. En su origen, fue una buena idea; el problema es que dichos instrumentos financieros se utilizaron para darse compensaciones y otros excesos de la burocracia dorada. Los convirtieron en su caja chica y su seguro para el retiro.

De los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos eliminados se desconoce el monto de cuánto tiene como origen recursos públicos y cuanto origen privado. Para que ese dinero pudiera destinarse a la reconstrucción de Acapulco, los trabajadores del poder judicial e interesados tendrían que desistirse de presentar amparos y las fuerzas políticas no iniciar controversias constitucionales. Aún si esto se lograra, pasarían varios meses o quizás años para que este dinero se reintegrara a la Tesorería de la Federación y de ahí se canalizara a otro objetivo.

Si se mira bien en el presupuesto 2023 y en el que la Cámara de Diputados aprobará en esta semana, existen los recursos para iniciar la reconstrucción de Acapulco y de otros municipios afectados por el huracán Otis, pero a los políticos les interesa más la nota que la efectividad. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.