148 y contando

Columnas jueves 27 de enero de 2022 -

A la memoria de Lourdes Maldonado y todas las personas comunicadoras que han perdido la vida por ejercer una profesión lícita.

De acuerdo con los datos recabados por articulo19.org, del 1 de febrero de 2000 al 23 de enero de 2022, han sido asesinadas en México 148 personas cuyo ejercicio profesional estaba relacionado con la labor periodística.

Esta atroz realidad coloca a México, otro año más, en una posición muy baja en la clasificación mundial para la libertad de prensa que elabora rsf.org –Reporteros Sin Fronteras-, el número 143 de 180 países para el 2021.

En su reporte anual, rsf.org señala que la actividad periodística en México se desenvuelve en un entorno de violencia y miedo cotidiano, fruto de la colusión de las autoridades y políticos con el crimen organizado, quienes han establecido un modus operandi de la muerte, consistente en callar –mediante privación de la vida- a toda persona que investigue y dé a conocer temas incómodos o molestos para los gobiernos, tales como la corrupción, la impunidad o la asociación de éstos con el crimen organizado en distintas regiones de nuestro país.

Para un Estado como el mexicano, en el que nos preciamos de contar con una democracia basada en el respeto a los derechos humanos, la escalada de homicidios contra el gremio periodístico es muy grave, al menos en 2 vertientes.

En primer lugar, la agresión tan violenta contra personas que se dedican a la investigación e información de temas de interés público, afecta sustantivamente nuestra democracia y el régimen de DDHH, porque el periodismo es un mecanismo eficiente para poner bajo la mirada de toda la sociedad temas relevantes y complejos, lo cual propicia que las personas estén informadas, deliberen y formen un criterio para la toma de decisiones, especialmente, aquellas que guardan relación con elecciones y ejercicio del poder público.

En segundo lugar, desde el punto de vista del Estado de Derecho y el sistema de justicia, es inaceptable que en más de 20 años, ni las medidas de protección, ni los procesos penales hayan sido suficientes para disuadir, prevenir y sancionar el asesinato de personas relacionadas con el periodismo.

Sin importar el color de los gobiernos, el tema ha sido tratado con tal displicencia y desinterés, que los homicidios continúan, precisamente, porque los agresores saben que pueden impactar en la labor periodística de la manera más brutal y antisocial, sin que ello tenga consecuencia alguna. Este es el peor escenario para un sistema jurídico que, justamente, mediante un conjunto de normas y su eficaz aplicación pretende moldear conductas y alcanzar comportamientos deseables, a fin de sostener valores relevantes para la sociedad.

Me parece que es urgente repensar, si desde los espacios del poder público, cualquiera que estos sean, debe seguirse alentando el ataque y linchamiento a medios de comunicación y periodistas por disensos razonables, pues es un mensaje muy potente que prende aún más la hoguera encendida.