El desafío en materia de derechos

En un contexto de desesperación nacional por el aumento de personas desaparecidas en México, la reciente designación de la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas (CNB) ha suscitado profundas preocupaciones.

La voz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha sumado a la de numerosos colectivos en México, entre ellas el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH), al subrayar la necesidad de abordar, atender y prevenir la desaparición de personas. Sin embargo, el proceso de designación de la nueva titular de la CNB ha suscitado críticas y desconfianza.

El doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, director del GIDH, ha señalado su preocupación sobre la falta de experiencia de la nueva titular en temas forenses, de justicia, búsqueda o de atención a las víctimas. Aunque la designada, Teresa Reyes Sahagún, tiene un posgrado en derechos humanos, su historial no indica competencia en el crucial ámbito de las desapariciones forzadas.

La salida abrupta de la anterior titular, Carla Quintana, generó una expectativa de un proceso claro y participativo en la elección del nuevo líder de la CNB. Por esto, Fierro Hernández ha instado a Reyes Sahagún a iniciar un diálogo urgente con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes son los protagonistas en la lucha de esta severa crisis.

Paralelamente, se ha producido la renuncia del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Esta renuncia es una señal más de la descomposición interna que ha generado su titular Rosario Piedra Ibarra. Ahora la CNDH no podrá emitir recomendación alguna sin la presencia de un nuevo equipo de consejeros ciudadanos, que tendrá que aprobar el Senado de la República.

Este acontecimiento se suma a la salida del subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, que, por su falta de pericia, obstaculizó la atención a un sinnúmero de personas y colectivos, entre ellos, 143 familias indígenas triquisforzados a desplazarse de su natal Tierra Blanca, Oaxaca; pobladores indígenas de Chiapas, desplazados por grupos criminales; personas solicitantes de amnistía; miles de personas desaparecidas; agresiones contra periodistas; y, por supuesto, la falta de respuesta y justicia a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

En este contexto, es fundamental dejar constancia de que este cierre al diálogo incumple la causa de los derechos humanos en México. Si bien es cierto que los grupos de la sociedad civil, de manera particular aquellos que defienden las garantías individuales, nacen a partir de esta ausencia del Estado para atender violaciones graves a grupos vulnerables; el mismo Estado debería tener la sensibilidad de trabajar con ellos.

La falta de espacios para la participación ciudadana y la opacidad en los procesos de elección sólo profundizan la desconfianza en las instituciones encargadas de proteger los derechos fundamentales. Es esencial que, ante esta situación, la sociedad civil continúe vigilante y fuerce, en los procesos de elección, a personas especializadas, con experiencia, cabales, con una articulación a favor del respeto a las garantías individuales, provocando un ambiente de paz y respeto entre todos los ciudadanos.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017