A cuatro años de distancia: balance de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad

El “Eje 5. Reformular el combate a las drogas”, señala lo siguiente: “la prohibición es ineficaz desde el punto de vista de salud pública y estimula el narcotráfico […] la idea es levantar la prohibición de las drogas actualmente ilícitas”. Si bien la agenda legislativa ha tenido iniciativas sobre la regulación del cannabis y la amapola, éstas no han logrado llegar a buen puerto. Dada la actual crispación y correlación de fuerzas políticas en el Congreso, es complicado que se apruebe una reforma de esta naturaleza en el resto del sexenio.

En cuanto al “Eje 6. Emprender la construcción de la paz”, se sostiene que “es necesario emprender un proceso de pacificación y adoptar modelos de justicia transicional […], poner en marcha procesos de desarme, desmovilización y reinserción social”. En este rubro tampoco se han tenido los resultados deseados, pues en lo que va del sexenio se han registrado casi 130 mil homicidios dolosos y se rebasó la cifra de 100 mil desaparecidos (más del 30% en la actual administración).

Los conceptos de “justicia transicional”, “desmovilización” e incluso “amnistía” están lejos de ser una realidad, pues carecen de un contenido teórico, normativo o político adecuado. Incluso, si se aceptara plenamente las cifras oficiales dadas a conocer, según las cuales los delitos federales han caído 25% y el homicidio 13%, es claramente notoria la improcedencia del concepto “pacificación”, pues existen condiciones de violencia generalizada en buena parte del territorio nacional.

El “Eje 7. Recuperación y dignificación de las cárceles”, se indica que “es necesario recuperar el control de los penales y separar a los imputados de los sentenciados”, así como garantizar su reinserción social efectiva. En el subsistema penitenciario federal se ha mantenido una relativa calma, sin grandes fugas, motines o hechos de violencia. Los subsistemas estatales siguen prácticamente en las mismas condiciones que al inicio del sexenio, poco se ha avanzado en la materia con el liderazgo de la federación.

Por su parte, en el “Eje 8. Plan de seguridad pública”, se argumenta que las “tareas de combate a la delincuencia son ajenas a las Fuerzas Armadas y no forman parte de sus funciones”. No obstante, se reconoce que “es necesario seguir disponiendo de ellas en la preservación y recuperación de la seguridad pública” y que la Guardia Nacional debe asumir tales tareas en el mediano plazo. El proceso de militarización que hemos vivido echó reversa a cuando menos tres décadas de construcción de instituciones de seguridad de naturaleza civil. Esto probablemente sea irreversible y es de suma preocupación por un simple hecho: más allá de las Fuerzas Armadas no hay otra opción, son el último eslabón institucional capaz de combatir a la delincuencia organizada. Si se corrompen, estamos en el desamparo.

Esta breve revisión deja de manifiesto varios temas. Primero, ante las notorias contradicciones, es claro no hubo un ejercicio de planeación en materia de seguridad. Segundo, el desarrollo de documentos oficiales que hayan pasado por un proceso de construcción gubernamental, no garantiza en lo absoluto su aplicación. Tercero, la ausencia de una política de combate a los grupos criminales, es el mayor riesgo en décadas. Cuarto, y creo el más importante de todos, es necesario pensar lo que sigue para el próximo sexenio.

Tomarse la seguridad en serio y no como políticas improvisadas ni caprichos. Es necesario una planificación sólida, con un amplio consenso social y con un horizonte temporal más allá de un sexenio. Esperemos no sea entonces demasiado tarde.

* Candidato a Doctor en Ciencia Política por la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00