A las víctimas no les interesa el dinero, tienen moral, valores y lealtad a la ciudadanía: Teófilo Benítez Granados

Elia Cruz Calleja

Transcurrido un año exacto del colapso de una trabe en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro que ocasionó que los últimos dos vagones del tren que transitaba sobre ella se precipitaran hacia el vacío y dejara como saldo 26 personas muertas y más de un centenar de lesionados, el doctor Teófilo Benítez Granados, el abogado defensor de 12 de las víctimas sobrevivientes, denuncia que el Gobierno de la Ciudad de México está apostando al olvido del caso.

“Han hecho dilatorio eso, pero con maña con trampa. Ya llevamos un año y no hemos llegado ni siquiera a hacer la imputación a las personas que supuestamente son los responsable. Están tratando de desacelerar esto para que caiga en el olvido”, critica el jurista.

Además, reclama que el Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México utiliza, como argumento dilatorio, que aún falta la entrega de algunos tomos de la carpeta de investigación, misma que de manera recurrente, se le “olvida entregar” a las partes interesadas en el proceso.

Lo que en realidad busca la autoridad capitalina es “que las víctimas se desesperen para que accedan a tomar los 25 pesos que les ofrecen para comprarse un paracetamol, pero les va a fallar porque no buscan dinero, sino que esperarán a que la reparación del daño llegue cuando tenga que llegar”, advierte.

Benítez Granados es el representante legal de 12 de los lesionados que aún no han aceptado el ofrecimiento económico por la reparación de daños y por ello lamenta que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo no se haya acercado con las víctimas “para si quiera preguntarles cómo están, si necesitan algo, una pastilla para el dolor. Nada, porque ellos sólo quieren eso, que les pregunten si están bien”.

Contrario a lo que se piensa, el rector del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (Cescijuc), explica que las víctimas de aquel colapso no buscan dinero sino que se esclarezca la verdad además de recibir apoyos médicos para tener una recuperación completa, porque a un año de la tragedia algunos de ellos continúan requiriendo de terapias de rehabilitación para recuperar su movilidad o para regresar en lo posible a recuperar una vida “normal”.

Insuficiente reparación del daño

Decepcionados por la falta de interés de las autoridades capitalinas para ayudarlos en su recuperación, pero también de su constante acoso a través del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi), Armando Campos, para que firmaran un acuerdo reparatorio con montos determinados por el gobierno mismo, una a una las víctimas del derrumbe de los dos trenes de la Línea 12 fueron acercándose al bufete de abogados Bearr, recuerda el abogado Benítez, uno de sus socios principales.

El experto legal señala que las autoridades le hicieron una propuesta económica “al aire” a los lesionados así como a los familiares de los fallecidos pues no se habían realizado los cinco peritajes que, en apego a derecho, deben realizarse a todas las personas que se ven involucradas en un accidente como este, para poder determinar la cuantificación del daño que corresponde a cada uno, de acuerdo con las lesiones que haya padecido.

Para fijar un monto, explica, primero debe realizarse un dictamen pericial forense, en el que el médico determinará la lesión o la problemática que se tiene; un segundo peritaje en psicología detallará cuántas terapias o el tipo de atención se necesitará para subsanar el daño; un tercero debiera ser un estudio de un trabajador social, para documentar cómo están las personas, qué comían y qué hacían; un cuarto peritaje debe realizare desde la antropología social que indague sobre su desempeño, su entorno, su manera de vivir y las proyecciones a futuro mantenían previo al accidente, finalmente, se requiere un quinto perito en actuaría matemática, encargado de analizar todos los peritajes anteriores y dictaminar basado en ellos “el lucro cesante y el daño del que fueron objeto las víctimas”, a partir de lo cual se cuantificará la reparación del daño total.

Sin embargo, critica que las autoridades no realizaron ninguno de estos cinco peritajes y “simplemente” le ofrecieron 650 mil pesos a los familiares de los fallecidos y, entre 150 y 250 mil pesos para los lesionados, sin ninguna base legal o técnica que justifique el cálculo de ese monto.

Una actitud dilatoria

Pero esa no ha sido la única irregularidad, pues cuando su despacho solicitó que el MP de la FGJ realizara la quinteta de dictámenes requeridos para sus 12 representados, se negaron a realizarlos, lo que “quedó por escrito en el documento de respuesta que nos dieron”. Unos días más tarde los funcionarios se retractaron y se comprometieron a realizarlos ante el juez, pero a un año de ocurrida la tragedia no los han iniciado alegando como justificante que no cuentan con personal suficiente

Es por ello que ante la respuesta negativa, el despacho a su cargo mandó a realizar por su cuenta esos periciales para que fueran integrados a la carpeta de investigación de todo el caso, sin embargo advierte que hasta la fecha no les reparan el daño, lo que es una la actitud dilatoria de la que es muy crítico.

“Es una burla para las familias que estuvieron en el accidente”, lamenta el doctor en derecho respecto a las cantidades tan bajas que ofrecieron a las víctimas el gobierno capitalino y la Fiscalía junto con las empresas constructoras, ya que pretenden que dichos montos sean suficientes para cubrir el costo de medicamentos, pasajes y de la manutención de sus familias por el resto de sus vidas.

Y prosigue: “No son cantidades que te ayuden a cubrir las necesidades que tienes, no porque tú te las hayas buscado. Esto fue porque ellos estuvieron dentro de un evento, de un suceso que se convirtió en tragedia por una negligencia, por culpa de una mala supervisión, realización, elaboración, construcción, de todo eso, de una línea del Metro”.

Moral ciudadana, antes que el dinero

Pese a que ya existe una cuantificación de los daños que padecieron las víctimas del accidente, no han accedido a aceptar el dinero que se les ofrece, ya que “no les interesa el dinero”, sino que solamente buscan ayuda médica, rehabilitación y psicológica para poder regresar a su vida habitual, explica el jurista.

Además, enfatiza que todos sus representados les aseguran que “tienen moral, valores y, sobre todo, tienen lealtad a la ciudadanía, pues fueron quienes se preocuparon por brindarles un apoyo cuando lo necesitaban: haciéndoles llegar víveres, ayuda económica, medicamentos, sillas de ruedas o una muletas”.

Lo que sus defendidos buscan, afirma tajante, es que se garantice la no repetición de los hechos y que no vuelva a ponerse en peligro la vida de los millones de usuarios que seguirán transportándose en esa Línea 12 del Metro, una vez que reinicie sus operaciones.

“Ellos le tienen amor a los ciudadanos que los ayudaron, por eso no aceptan los 100 o 200 mil pesos que les ofrecen para quedarse callados. A ellos no les interesa un sólo peso, pues dicen que llevan toda una vida sin riquezas pero que tienen moral. Quieren poder seguir saliendo a la calle y llevar a sus hijos de la mano pero que tengan la cara de frente y en alto sin que nadie les diga que recibieron 300 o 600 mil pesos a cambio de su silencio”, explica conmovido Benítez.

Y remata: “Es admirable que, en su condición, se preocupen por la sociedad”.

Las 12 víctimas piden, a través de su representación legal, que los servidores públicos del gobierno de la ciudad que intervinieron en el diseño, construcción y mantenimiento de la Línea Dorada den la cara y se hagan responsables de la tragedia en la que se vieron involucrados, lo que involucra a funcionarios y administrativos de tres distintas administraciones, la de Marcelo Ebrard Casaubon, la de Miguel Ángel Mancera Espinosa y la de Claudia Sheinbaum Pardo, concluye.