A nueve años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, aún no se conoce el paradero de los jóvenes

El día de ayer se cumplieron 9 años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, uno de los casos de violación de derechos humanos que más ha conmovido al país. Por tal razón, miles de mexicanos se congregaron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para partir al Zócalo capitalino.

Con consignas como: “Vivos se los llevaron, Vivos los queremos”, “26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa”, “Fue el Estado”, mieles de manifestantes mostraron su apoyo a los padres de familia de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, marchando con mantas, cartulinas y laminas que mostraban el rostro de los estuantes.

Como cada año, durante la admiración del gobierno actual, varios recintos de la CDMX, como el Palacio Nacional, Bellas Artes, entre otros, fueron cercados con vallas de 3 metros para evitar posibles daños a la edificación histórica por parte de los manifestantes.

Al llegar a la plancha del Zócalo capitalino, padres de familia y miembros de la escuela, hablaron del descontento que en la actualidad mantienen con el gobierno federal, luego de que los parientes de los estudiantes se negaran a recibir de manos de las autoridades una serie de grabaciones y documentos, alegando que no incluían unos archivos del Ejército que habían solicitado desde hace meses.

Tras lo acontecido aquella noche trágica en Cocula Iguala en el año 2014, solo se han recuperado restos de tres estudiantes. Aun se desconoce el paradero del resto de jóvenes.

El día de hoy en el segundo informe de la comisión del ‘caso Ayotzinapa’ por parte del comisionado, Alejandro Encinas, se señaló que han sido detenidos 434 actores, de entre los que destacan miembros de organizaciones delictivas, efectivos de la Sedena y la Semar, policías municipales, entre otros. Además de la detención de el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso el año pasado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

El abogado de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales, , acusó el lunes a Alejandro Encinas, de emplear una narrativa que se acerca más “a la verdad histórica” utilizada por el entonces Procurador de Justicia, Murillo Karam.

La postura de los familiares fue objetada el martes por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional han entregado todo el material, y ordenó la publicación en las redes sociales del gobierno los recientes informes y grabaciones del caso.

“Creo que exageró o se confundió porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad”, dijo el mandatario mexicano al rechazar las afirmaciones de Rosales, y ratificó que durante el año que le resta de mandato se seguirá trabajando para localizar a los 43 estudiantes que desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.

De acuerdo con un documento difundido el martes por el gobierno, se manejan tres causales que llevaron a la desaparición de los estudiantes. La primera refiere a la confusión que pudo tener el grupo criminal Guerreros Unidos sobre la presunta infiltración de miembros de la banda rival Los Rojos entre los jóvenes; la segunda, narra sobre el posible escarmiento del alcalde de Iguala de ese entonces, José Luis Abarca, y los Guerreros Unidos por unas protestas; y la tercera, la eventual presencia de drogas, armas o dinero en alguno de los autobuses empleados por los normalistas.