Columnas
A lo largo de su historia, nuestro país se ha caracterizado por la desconfianza que prevalece entre los actores que participan en cada proceso electoral: Los ciudadanos no confían en las autoridades ni en los partidos; partidos y candidatos no confían en sus opositores ni en las autoridades, y los organismos electorales, (permanentes, muy costosos y altamente tecnificados), no confían tampoco en los participantes en la contienda electoral.
Desafortunadamente, esa gran desconfianza se encuentra justificada. Existen razones históricas de sobra, para entender por qué el principio de la desconfianza es el que guía las normas, las acciones y las decisiones en esta materia.
El mal hábito que tenemos como sociedad, de apartarnos de los cauces legales, se ve intensificado cuando se trata la de búsqueda irracional del “poder por el poder” o mejor dicho, de la instrumentalización del concepto “Poder del Estado” para convertirlo en una suerte de “poderío” personal.
Nadie lucha por el afán de “servir” dentro del servicio público, pero si se verifica la mas encarnizada “lucha por el poder.”
Por eso, para buscar a toda costa conseguir un “cachito” de poder, algunos mexicanos podrían llegar a ser capaces de lo que sea. Incluso pasar por encima de la normativa y la integridad electoral.
Para casi cada proceso electoral aparecen nuevas normas: Reformas constitucionales, cambios a la ley, nuevos reglamentos, lineamientos o criterios jurisprudenciales.
Se ponen “candados” para evitar las “trampas” que atentan contra los principios de una democracia saludable. Pero cada vez que se pone un “candado” (siempre a posteriori, es decir, después de que se haya ejecutado e identificado la falla), aparece un “cerrajero” que encuentra la manera de “abrir” el candado, dándole vuelta a los recovecos y realizando interpretaciones sesgadas de la ley.
En ese contexto, durante las campañas electorales, muchos servidores públicos se preguntan ¿qué si y qué no se puede hacer en estos momentos? La respuesta no podría ser más simple: No se debe hacer nada indebido. Y me parece que es evidente: No desviar recursos públicos (incluyendo el tiempo de la jornada laboral) para fines electorales, no coaccionar el voto de los electores, no hacer promoción personalizada con uso de recursos públicos; en fin: respetar las normas legales y éticas para evitar influir indebidamente en los resultados de la elección. En cuanto a la llamada “veda” electoral, esta no implica la inacción o parálisis del gobierno. Tan solo se trata de restringir la difusión de propaganda gubernamental en el periodo de campañas, y hasta el día de la jornada electoral, para evitar vulnerar el principio de equidad en la contienda.
Flor de Loto: La integridad electoral parece algo tan sencillo, pero al mismo tiempo se aprecia como algo tan lejano y difícil de observar.
Todos los lunes, antes de las 8:00 a.m., participo con Jesús Aguilar en Factor 96.1 con temas de tu interés y del trabajo legislativo. San Luis Potosí el mejor Estado de México.
— Héctor Serrano (@HectorSerranoC) February 10, 2025