Agroprecios: La intención política y la realidad del campo mexicano

Columnas jueves 04 de junio de 2026 -

Cada vez que se habla de controlar, orientar o influir en los precios de los productos agropecuarios, surge una pregunta inevitable: ¿es posible beneficiar simultáneamente al productor y al consumidor mediante decisiones gubernamentales?

Esta intención tiene dos caras: o bien puede parecer una noble acción o también, una medida desesperada por controlar la inflación actual, donde el precio del jitomate y la papa están “por las nubes”, por ejemplo.

Y es que, nadie puede estar en contra de que las familias mexicanas accedan a alimentos más baratos, ni de que los productores reciban una remuneración justa por su trabajo; el problema aparece cuando la política pública intenta modificar una realidad económica mucho más compleja que un simple decreto o acuerdo administrativo temporal.

El sector agropecuario mexicano enfrenta actualmente costos de producción históricamente elevados. Fertilizantes, semillas mejoradas, energía eléctrica para riego, combustibles, maquinaria, transporte y financiamiento mantienen una tendencia alcista que difícilmente puede ignorarse.

A ello se suman fenómenos climáticos cada vez más extremos, desde escasez de agua en importantes regiones productivas, hasta inundaciones, granizadas y, por si fuera poco, una creciente competencia internacional.

En este contexto, establecer precios de referencia o mecanismos de intervención puede generar efectos positivos temporales, pero también riesgos importantes.

Si los precios fijados resultan inferiores a los costos reales de producción, el agricultor y el ganadero terminan absorbiendo pérdidas que tarde o temprano reducen la inversión, disminuyen la productividad y afectan la oferta de alimentos, además de menor áreas de siembras y cabezas de ganado.

La experiencia internacional demuestra que los controles de precios rara vez resuelven los problemas estructurales del sector agroalimentario. En muchos casos provocan distorsiones de mercado, desincentivan la producción e incluso fomentan importaciones crecientes para compensar déficits internos.

México conoce bien esta realidad. Durante los últimos años ha aumentado significativamente su dependencia de productos agroalimentarios provenientes principalmente de Estados Unidos, en particular granos básicos, oleaginosas y algunos insumos estratégicos.

Pero tampoco puede ignorarse que el consumidor mexicano enfrenta una presión constante sobre su poder adquisitivo. Los alimentos representan una proporción importante del gasto familiar, especialmente entre los sectores de menores ingresos. Cuando aumentan los precios del maíz, huevo, carne, leche o frutas y hortalizas, millones de hogares ven afectada directamente su economía.

La verdadera solución probablemente no se encuentre en controlar precios, sino en reducir costos, invertir en infraestructura hidroagrícola, tecnificación del riego, investigación genética, extensionismo rural, logística de transporte, restauración de bosques y financiamiento accesible tendría un impacto mucho más duradero que cualquier esquema temporal de regulación comercial.

El campo no requiere únicamente precios bajos para el consumidor ni precios altos para el productor. Necesita reglas claras, certidumbre, inversión y productividad. La rentabilidad del productor y la accesibilidad alimentaria del consumidor no deben verse como objetivos opuestos, sino como partes de una misma estrategia nacional de seguridad alimentaria.

Los Agroprecios pueden representar una herramienta coyuntural en determinadas circunstancias, pero difícilmente constituirán una solución de fondo.

La verdadera transformación del campo mexicano seguirá dependiendo de políticas públicas que fortalezcan la competitividad, incrementen la producción nacional y permitan que tanto productores como consumidores compartan los beneficios del crecimiento.

Luis P. Cuanalo

@luiscuanalo

Presidente del Colegio de Ingenieros Agroindustriales de México, A.C. (CIAGROIN).

Empresario del sector agroindustrial.

CANACINTRA Sector agroindustrial.