Agrupaciones sociales presentan iniciativa de ley para reformar la salud en el Estado de México

Agrupaciones sociales, con apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presentaron una iniciativa de ley al Congreso mexiquense para reformar la Ley de Salud del Estado de México.

La iniciativa busca abrogar el libro segundo del Código Administrativo de la entidad, que actualmente regula la salud en el estado, y sustituirlo por una ley específica que esté alineada con los más altos estándares internacionales.

La nueva ley contemplará 14 títulos con sus respectivos capítulos, 179 artículos y 24 transitorios. También incorporará nuevos principios, como el de universalidad para el acceso a los servicios de salud, un presupuesto progresivo, y financiamiento a través de fondos locales, nacionales o internacionales.

Además, la ley propone crear un Plan Maestro de Infraestructura Física Hospitalaria, un Registro Estatal para la Atención de Pacientes con Cáncer, y un apartado específico para la atención de la mujer y grupos vulnerables. También considerará aspectos relacionados con siniestros por epidemias y pandemias, nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial aplicadas a la salud, y sanciones administrativas a quienes violenten la ley.

La iniciativa de ley fue presentada por Juan Eduardo Salazar López, integrante de las organizaciones sociales que la integraron. Salazar López dijo que la iniciativa se detuvo por las elecciones y la pandemia, pero que la retoman en este momento por el cambio de gobierno en septiembre y el anuncio de incorporar al sistema de salud mexiquense al IMSS Bienestar.

La propuesta legislativa se entregará en la Oficialía de Partes de la Legislatura como iniciativa ciudadana, pero se va a promover con las diferentes fracciones parlamentarias y buscarán se abra a un parlamento abierto en el cual más sectores hagan observaciones o aportaciones. También buscarán presentarla a la gobernadora electa, Delfina Gómez Álvarez.

El objetivo de la iniciativa es que el Estado de México cuente con un marco jurídico apropiado para no generar un vacío legal ante la inminente adhesión del sector al IMSS, como ocurre a nivel federal.