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Algoritmo para la paz 

Algoritmo para la paz 

Columnas viernes 12 de junio de 2020 - 01:05

El comentario que recibo con más frecuencia en torno a mi postura de responsabilizar al mercado ilegal de drogas por la anormal violencia homicida que ha azotado a México en las últimas décadas versa sobre la inviabilidad, en el corto plazo, de consensuar con las fuerzas políticas nacionales y con los Estados Unidos un esquema de despenalización del mercado de drogas.

Es un cuestionamiento válido. Las prioridades políticas parecen estar en otro lado y el problema no puede esperar.

¿Qué hacer entonces, en el corto plazo, para contener un fenómeno que quedará marcado en las páginas más negras de nuestra historia?

Una opción viable, con el esquema jurídico y operativo vigente, pasa por la inteligencia, especialmente la financiera, para mandar mensajes explícitos a los generadores de violencia.

El estado mexicano cuenta con varios mecanismos de inteligencia, civiles y militares, con capacidad para atribuir con precisión los actos de violencia homicida y otros delitos de alto impacto, como el secuestro y la extorsión, a grupos criminales específicos.

Existe también un entramado institucional que permite legalmente que comparen notas (fusión de inteligencia) y procesen los datos para generar un ranking que señale con claridad a los grupos criminales que han hecho de la violencia, en todos sus tipos, la columna vertebral de su modelo de negocio. No hay que olvidar eso, ilegales, pero negocios al fin.

Con los resultados del ranking se puede orientar al sistema SAT, UIF, CNBV, FGR sobre el establecimiento de prioridades operativas para afectar a esos negocios en donde más les duele, sus ganancias.

Claro que existe un imperativo legal de perseguir a todos los delincuentes por igual, más allá de su lugar en cualquier ranking generado por un algoritmo.

Existe otro imperativo también, el de la realidad. Una realidad que dice que lo que se ha hecho en los últimos 30 años no ha servido de gran cosa y que la capacidad operativa de las instituciones tiene un límite que, no solo permite, sino que obliga, a establecer prioridades.

Es dable pensar que en la medida en que, desde las instituciones del estado, se envíe un mensaje claro, permanente y consistente a los grupos criminales que les diga que generar violencia, a un nivel en el que suban en el ranking, resultará peor para el negocio que no ejercerla.

Es una hipótesis cada vez más popular que, precisamente por la aplicación de un lenguaje de este tipo, la droga cruza desde Florida y Texas hasta sus grandes mercados al norte de la Unión Americana sin dejar una estela de muerte.

Tampoco sobra decir que si se procesan adecuadamente en los tribunales los recursos decomisados, logrando sentencias firmes, estaremos ante un caudal nada despreciable, tanto para la construcción de la paz como para cualquier otra meta del Estado mexicano.

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/CR

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